Denuncias por extorsión y venta de plazas contra el regidor Jorge Zavala,Galindo insiste en que solo un juicio político puede removerlo,Críticos ven tibieza y protección ante la corrupción,Investigaciones oficiales en curso por IFSE y Fiscalía
El manual del buen cómplice
Enrique Galindo Ceballos parece haber encontrado el manual perfecto para lidiar con la corrupción: el capítulo sobre «cómo defender lo indefendible sin parecer que lo estás defendiendo». Su postura frente al caso del regidor Jorge Zavala —acusado de exigir moches del 30% del salario a trabajadores y vender plazas por 30,000 pesos— es un masterclass en el arte de la evasión elegante.
Cuando las denuncias se acumulan y la Fiscalía ya investiga, el alcalde saca su carta favorita: «solo mediante juicio político». Suena técnico, suena legal, suena como alguien que respeta las instituciones. Pero en el mundo real, donde la gente paga impuestos y espera que no se los roben, suena a lo que es: una excusa perfectamente diseñada para no hacer nada.
Los números de la vergüenza
Las cifras del escándalo son tan obscenas que casi dan risa: 30% del salario en moches, 30,000 pesos por una plaza, entre 30 y 40 trabajadores afectados. Esto no es corrupción de bajo perfil; esto es abrir una sucursal de extorsión en el ayuntamiento.
Mientras tanto, la IFSE anuncia revisiones a la nómina para buscar aviadores, como si necesitáramos una investigación para confirmar lo que ya sabemos: el sistema está podrido y algunos se están haciendo ricos con él.
La defensa que no defiende (o sí)
Galindo insiste en que su postura es de respeto al debido proceso. En sus propias palabras, la remoción solo puede darse por juicio político. Lo que no dice es que ese proceso puede tardar más que una novela de televisa, dando tiempo suficiente para que las pruebas desaparezcan, los testigos se arrepientan y el escándalo se enfríe.
Es la versión política de «lo estoy viendo»: suena a que estás haciendo algo cuando en realidad estás esperando a que el problema se resuelva solo.
La coalición incómoda
No es coincidencia que Zavala sea del PRD, parte de la coalición que sostiene a Galindo. En política, los aliados incómodos son como familiares que te caen mal pero tienes que invitar a la comida: los aguantas porque sin ellos no llegas al poder.
Las presiones aumentan pero los cálculos políticos pesan más que la indignación ciudadana. Es más fácil hablar de procesos legales que de traiciones éticas.
Lo que realmente está en juego
Mientras Galindo juega al abogado constitucionalista, lo que realmente está en juego es la credibilidad de todo el sistema. Cada día que pasa sin una condena clara, sin una postura firme, sin algo más que referencias a procesos legales, es un día que la ciudadanía pierde un poco más de fe.
Las críticas de regidores de oposición no son solo juego político: son el reflejo de lo que piensa mucha gente que ve cómo los mismos de siempre se protegen entre sí.
Y las organizaciones civiles que exigen actuación ejemplar no piden nada extraordinario: solo que quien gobierna actúe como si de verdad le importara gobernar.
El precio de la complicidad
Al final, el cálculo de Galindo podría salirle caro. Proteger a un aliado corrupto puede mantener la coalición unida hoy, pero mañana los votantes recordarán quién prefirió las reglas del juego sobre la decencia básica.
En política, como en la vida, hay momentos donde hay que elegir entre lo conveniente y lo correcto. Galindo parece haber elegido, y su elección dice más de su administración que todos los discursos anticorrupción que pueda pronunciar.
Mientras tanto, en San Luis Potosí, la pregunta que queda flotando es simple: si esto es lo que sabemos, ¿cuánto más hay que no sabemos? Y más importante: ¿a quién le importa realmente averiguarlo?
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