TL;DR
- Jorge Zavala, regidor de SLP, enfrenta denuncias por acoso, corrupción y abusos administrativos.
- Enrique Galindo lo defendió públicamente, calificando los señalamientos como “temas personales”.
- El alcalde dijo no tener facultades para removerlo; solo procede un juicio político en el Congreso.
- La postura alimenta críticas sobre impunidad y complicidad institucional.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos se convirtió en el principal defensor del regidor Jorge Zavala López, señalado por acoso laboral, manejo irregular de la nómina y presunto desvío de recursos en la Unidad de Gestión del Centro Histórico. En declaraciones a medios, Galindo minimizó los hechos, asegurando que se trata de asuntos “entre particulares” y deslindándose de cualquier responsabilidad institucional.
Una defensa pública
Ante cuestionamientos sobre la permanencia de Zavala en el cargo, Galindo respondió que no tiene facultades para removerlo por tratarse de un puesto de elección popular. Según el alcalde, la única vía para su salida es un juicio político en el Congreso del Estado.
Con esa declaración, el edil cerró cualquier posibilidad de una acción inmediata desde el Ayuntamiento, pese a que la Contraloría municipal mantiene investigaciones abiertas y se han presentado solicitudes formales de juicio político.
Acusaciones contra Zavala
Las denuncias contra el regidor incluyen:
- Acoso laboral contra personal del área a su cargo.
- Irregularidades en nómina y contrataciones.
- Uso indebido de recursos vinculados a la gestión de servicios en el Centro Histórico.
Organizaciones ciudadanas y opositores han exigido medidas inmediatas, señalando que la permanencia de Zavala en funciones envía un mensaje de tolerancia a la corrupción y al abuso de poder.
El discurso del alcalde
Galindo afirmó que los señalamientos se inflan al involucrar a su administración: “Cuando ya le ponen el ayuntamiento o el alcalde Galindo al tema, deja de ser verdad”. Con esa frase, buscó desacreditar las denuncias y marcar distancia institucional, aunque en los hechos su defensa opera como un blindaje político para Zavala.
Impunidad institucionalizada
La postura del alcalde ha generado críticas porque, al no condenar ni exigir medidas cautelares, legitima que el regidor continúe en funciones. Especialistas en transparencia señalan que, aunque el Congreso es la instancia para un juicio político, el Ayuntamiento sí puede fijar postura política clara y pedir la suspensión del cargo mientras se investigan los hechos.
El silencio —o peor, la defensa— refuerza la percepción de que la red de protección política pesa más que la rendición de cuentas.
¿Qué sigue?
El caso ahora se centra en el Congreso del Estado, donde se decidirá si procede un juicio político contra Zavala. Mientras tanto, el regidor se mantiene en funciones y el Ayuntamiento, encabezado por Galindo, opta por no tomar distancia, sino por sostener su permanencia.
