Un contrato multimillonario para emitir pasaportes, una empresa con apenas 19 empleados y una red de compañías fantasma que terminan recibiendo decenas de millones de pesos. Esa es la ruta que, según una investigación periodística, conecta al gobierno federal con el aparato financiero del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.
El contrato que lo inició todo
Según el reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en julio de 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard, asignó a Grupo Tecno un contrato por 3,800 millones de pesos para la emisión de pasaportes entre 2021 y 2026. La peculiaridad, que la investigación subraya, es que la empresa contaba con solo 19 empleados formales y una nómina anual declarada ante el SAT de alrededor de 600 mil pesos al momento de ganar la licitación.
Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. El mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a 10 empresas de una red “fantasma”.
Aquí es donde las fuentes comienzan a entrelazarse. El Norte y Reforma centran sus titulares en la cifra concreta: “66 mdp”. Mural se enfoca en la petición de investigación. Pero es el trabajo de MCCI, replicado por El Mercurio de Tamaulipas, el que desentraña el mecanismo: no se trata de una transferencia aislada, sino de una triangulación hacia una red estructurada.
El nodo político: el operador financiero del PT
El análisis de las actas del Registro Público de Comercio, citado por ambas fuentes principales (MCCI y El Mercurio), revela que al menos 8 de las empresas “factureras” que recibieron dinero de Grupo Tecno han tenido como apoderado o representante a César Adrián Gamboa Montejo.
¿Quién es Gamboa Montejo? Según los documentos obtenidos por MCCI y ratificados por el INE en noviembre de 2025, es el responsable de las finanzas del PT en Quintana Roo. Su función, explican las fuentes, ha sido recaudar y administrar el dinero del partido para campañas políticas en la península, incluyendo la de la gobernadora Mara Lezama y la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
El Mercurio añade un dato crucial: Gamboa Montejo ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 están oficialmente enlistadas como “factureras” por el SAT, es decir, son compañías identificadas por simular operaciones para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos.
Lo que las fuentes no discuten: la existencia de la red
El contraste aquí es interesante. Ninguna de las fuentes cuestiona la existencia de la red de empresas ni el vínculo de Gamboa Montejo con ellas. La divergencia está en el enfoque. Los diarios nacionales (El Norte, Reforma) optan por el titular contundente y numérico. MCCI y El Mercurio profundizan en la arquitectura del esquema, describiendo una red de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.
MCCI detalla que, para justificar los pagos de Grupo Tecno a estas 10 factureras, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales. Por su parte, la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), citada por El Mercurio, ya había rastreado dinero de contratos de Grupo Tecno con la Secretaría de Salud hacia seis de estas factureras, confirmando la triangulación de recursos públicos.
El ángulo omitido: la normalización del esquema
El análisis crítico surge al preguntarse qué queda fuera del foco. Las fuentes documentan el flujo de dinero y los actores, pero hay un contexto tácito: Grupo Tecno no era un contratista marginal. Según El Mercurio, en 2020 y 2021 la empresa obtuvo diez contratos más por 374 millones de pesos con dependencias como el Cenace, Bancomext, ISSSTE, Pemex y el propio INE.
Esto pinta un panorama donde una empresa, poco después de recibir un contrato faraónico y cambiar de dueño, comienza a dispersar fondos a una red fantasma, mientras simultáneamente multiplica su cartera de contratos gubernamentales. La pregunta que las notas dejan flotando, sin formular explícitamente, es si este patrón de contratación y triangulación fue una anomalía detectada o parte de un mecanismo tolerado.
Otro silencio elocuente es el destino final del dinero después de las factureras. MCCI rastrea una parte: 6 de las mayores factureras de la red emitieron comprobantes por 252 millones de pesos en 2020, dinero que luego fue dispersado a otras empresas facturadoras e incluso a una sociedad creada con identidades robadas en Nuevo León. El rastro, como sugiere el corte abrupto de la información, se pierde en laberintos corporativos.
El cierre no es sobre un partido o un contrato, sino sobre un sistema de opacidad. La red de Gamboa Montejo, según las fuentes, también recibía dinero de prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo. Esto sugiere que el mecanismo servía para múltiples flujos, donde el dinero público de los contratos de la 4T se mezclaba con otros orígenes, diluyendo su rastro y multiplicando su utilidad para fines nunca declarados. La ratificación formal del operador ante el INE, ya con estas investigaciones en el aire, es el detalle que convierte el escándalo en una radiografía de cómo operan, a plena luz, los circuitos paralelos de financiamiento y poder.
