TL;DR
- La policía podrá retener hasta 12 horas a sospechosos antes de manifestaciones
- La medida se basa en antecedentes penales o posesión de objetos ‘peligrosos’
- La oposición la califica como ‘típica de regímenes iliberales’
- Originalmente se planteó hasta 48 horas sin control judicial
La nueva normalidad: detener antes de que suceda
Imagina que mañana hay una manifestación en tu ciudad. No has cometido ningún delito, no has participado en nada ilegal, pero la policía te detiene y te lleva a comisaría por 12 horas. ¿Tu crimen? Tener antecedentes penales de hace cinco años o llevar contigo un casco. Esto ya no es ciencia ficción en Italia, es la nueva realidad que acaba de aprobar el gobierno de Giorgia Meloni.
Según reporta El País, el ejecutivo italiano ha dado luz verde a una medida que permite a las fuerzas de seguridad «acompañar a sus oficinas y retener durante un máximo de 12 horas» a personas sobre las que existan «motivos fundados» para creer que puedan causar problemas durante una protesta. Lo interesante -y preocupante- es cómo definen esos «motivos fundados»: desde la posesión de cascos o petardos hasta tener antecedentes penales por delitos cometidos con violencia durante manifestaciones en los últimos cinco años.
Del dicho al hecho: la versión original era peor
Aquí viene lo bueno: la medida que ahora parece «moderada» (entre comillas enormes) es en realidad una versión suavizada de lo que originalmente querían. En un principio, el gobierno de Meloni hablaba de hasta 48 horas de «acompañamiento» en comisaría sin control judicial. Sí, leíste bien: dos días completos sin que un juez revisara si la detención tenía sentido.
Fue solo la intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella, quien revisa los borradores para verificar su constitucionalidad, lo que hizo que bajaran la intensidad. Pero el intento inicial dice mucho sobre las intenciones reales del gobierno. Como bien señala El País, esto muestra «hasta dónde le gustaría llegar» a Meloni en su cruzada por el control de las protestas.
La oposición no se muerde la lengua
Mientras Meloni tuitea que esto es parte de «un Estado que no gira la cabeza hacia otra parte», la oposición italiana está que echa chispas. Riccardo Magi, secretario de Más Europa, lo tiene claro: «Para limitar la libertad personal en un Estado de derecho se requiere un acto judicial. Poner este poder en manos de las autoridades de seguridad pública, y por lo tanto del Ejecutivo, es típico de regímenes iliberales».
Pero el premio al comentario más cáustico se lo lleva Arturo Scotto del Partido Democrático, quien acusa a Meloni de «vivir en la luna». Su argumento es demoledor: «La urgencia no son los salarios bajos, ni el encarecimiento de la lista de la compra, ni los millones de italianos que no pueden tener un médico. La emergencia para Meloni es el arresto preventivo antes de las manifestaciones».
El ministro que defiende lo indefendible
Frente a estas críticas, el ministro del Interior Matteo Piantedosi sale al quite con un argumento que parece sacado de manual de relaciones públicas: «No es en absoluto una medida liberticida, está presente en casi todos los ordenamientos europeos». La pregunta que nadie le hace es: ¿en qué países europeos exactamente? ¿Y bajo qué condiciones?
Porque aquí está el detalle que se les olvida mencionar: la medida no solo permite detener preventivamente, sino que también aumenta las sanciones para promotores de protestas sin aviso previo a 10,000 euros. Y hay más: un juez podrá prohibir participar en manifestaciones a personas condenadas por una docena de delitos violentos, desde atentados terroristas hasta daños en edificios públicos.
El contexto que nadie quiere ver
El País apunta algo crucial: esta medida llega «en la estela del clima de represión de protestas públicas que se vive en Estados Unidos». No es casualidad. Hay un patrón global de gobiernos que, ante el descontento social, optan por la mano dura en lugar de atender las causas del malestar.
Lo más preocupante es cómo se normaliza lo excepcional. Primero fue el paquete de seguridad del año pasado que «extrema la mano dura en el código penal». Ahora esto. ¿Qué viene después? ¿Detenciones por «pensamientos peligrosos»? Porque si hoy es suficiente motivo tener un casco o antecedentes de hace cinco años, mañana podría ser cualquier cosa.
La pregunta incómoda
Al final, todo se reduce a una cuestión básica: ¿dónde trazamos la línea entre seguridad y libertad? Meloni habla de «restituir seguridad y libertad a los ciudadanos», pero ¿qué libertad queda cuando te pueden detener por lo que podrías hacer, no por lo que has hecho?
El verdadero problema no son las 12 horas de detención. Es el precedente que sienta. Es normalizar la idea de que el Estado puede privarte de libertad basándose en sospechas, no en hechos. Es crear un sistema donde llevar un casco a una manifestación te convierte en sospechoso. Es, en palabras de la oposición, dar un «peligroso salto cualitativo en el giro represivo».
Italia hoy, ¿quién mañana? Porque estas ideas tienen la mala costumbre de viajar.
