TL;DR
- El Tribunal Supremo corrige parcialmente la condena de 2022 contra 17 personas por la trama de licencias turísticas en Ciutat Vella
- Elena Ariza, responsable clave en el desmadre, ve eliminada su condena por cohecho pero mantiene 2 años por prevaricación
- El caso lleva 17 años en los tribunales desde que se inició en 2009, demostrando la lentitud de la justicia española
- La trama operaba aprobando pisos turísticos ilegales a cambio de mordidas, burlando la normativa municipal de 2005
17 años de desmadre y el Supremo solo corrige una coma
No mames, imagínate: un caso de corrupción municipal que empezó en 2009, que tuvo su sentencia en 2022, y que ahora en 2026 el Tribunal Supremo decide «corregir parcialmente». Como si fuera un trabajo de la escuela y no una trama que permitió la concesión de licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella a espaldas de la normativa municipal. Según El País, la Audiencia de Barcelona había condenado a 17 personas por este desmadre, pero el Supremo ahora le baja la mano a una de las piezas claves.
La funcionaria que casi se libra del cohecho
Elena Ariza, la responsable de la secretaría técnico-jurídica del Departamento de Licencias, era según los jueces una de las piezas fundamentales en la tramitación ilegal. El Supremo le borra su condena de un año y seis meses por cohecho, pero le mantiene los dos años de prisión por prevaricación urbanística y falsedad documental. O sea, la justicia española dice: «Sí, hiciste desmadre, pero no tanto como pensábamos». Mientras tanto, Francesc Gabriel Palau Helguera, otro técnico municipal, sigue con sus dos años y siete meses porque el Supremo desoyó su apelación. Curioso cómo la justicia es selectiva incluso en sus correcciones.
El origen: cuando Barcelona intentó poner orden y le salió el tiro por la culata
Todo esto empezó en 2005, cuando el Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública Hotelera para poner freno a la proliferación de apartamentos turísticos en Ciutat Vella. La zona ya estaba hasta la madre de presión turística. Pero el director de servicios técnicos, Heliodoro Eugenio Lozano (cesado en 2008), se puso de acuerdo con Ariza para aprobar autorizaciones de pisos turísticos que no cumplían con la normativa. Joaquín Quilez hacía de intermediario para los propietarios. Un trío perfecto para el desfalco.
Las denunciantes que se arriesgaron y pagaron caro
Lo más cabrón del caso es que quienes destaparon este desmadre, la entonces concejal Itziar González y la técnica Lourdes Conesa, terminaron amenazadas y con la carrera política hecha añicos. González tuvo que dimitir y denunciar al propio Ayuntamiento por no darle apoyo. Mientras los corruptos seguían operando, las que intentaron hacer las cosas bien terminaron en la mira. El País documenta que a raíz de su oposición, ambas fueron amenazadas, demostrando que en este país a veces sale más caro ser honesto que corrupto.
Los acuerdos: la justicia rápida para los que se rinden
Durante el juicio en la Audiencia, 15 de los 17 imputados alcanzaron acuerdos con la Fiscalía. Admitieron los cargos, eludieron penas de hasta 20 años que pedía inicialmente la Fiscalía, y evitaron la prisión. O sea, el sistema premia a quienes se declaran culpables rápido, mientras el caso se arrastra por 17 años para los demás. Una justicia de dos velocidades: rápida para los que negocian, eterna para los que se resisten.
La pregunta incómoda: ¿17 años para esto?
El caso se inició en 2009 y llegó a la Audiencia de Barcelona diez años después, en 2019. La sentencia fue en 2022, y ahora en 2026 el Supremo hace ajustes. ¿De verdad necesitamos 17 años para decidir si una funcionaria es culpable de cohecho o no? Mientras tanto, Barcelona sigue con su crisis de vivienda, los precios se disparan, y las licencias turísticas ilegales ya hicieron su daño. La justicia lenta no es justicia, es burocracia disfrazada de solemnidad.
Lo que no te cuentan: el turismo sigue ganando
Lo más irónico es que mientras este caso se arrastra por los tribunales, el turismo en Barcelona no ha parado de crecer. Las licencias ilegales ya cumplieron su función: inflaron precios, desplazaron vecinos, y transformaron barrios enteros. La sentencia, aunque parcialmente corregida, llega tarde para cambiar la realidad urbana. Los condenados sumaron penas de entre seis meses y tres años y medio, pero el daño urbanístico es permanente. Como dicen en mi colonia: «el que se lleva, se lleva», aunque después le caiga una condena simbólica.
Reflexión final: ¿aprendimos algo?
Después de 17 años, un caso que involucró a técnicos municipales, intermediarios, concejales valientes y un sistema de justicia que parece moverse en cámara lenta, uno se pregunta: ¿alguien aprendió la lección? Mientras el Supremo corrige comas en sentencias, el modelo de ciudad sigue privilegiando al turismo sobre los vecinos. La próxima trama de corrupción urbana ya está en gestación, solo esperando a que nos distraigamos con los detalles procesales de la anterior. Porque en este país, la impunidad no es la excepción, es el modus operandi.
