TL;DR
- La ONU señala a Consuelo Porras por estar «supuestamente involucrada» en adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en los años 80
- Porras perdió su intento de llegar a la Corte de Constitucionalidad, quedando sin inmunidad cuando termine su mandato como fiscal en mayo
- La fiscal ya estaba en la lista de actores corruptos de EE.UU. y fue sancionada por 40 países por «acciones que socavan la democracia»
- El presidente Arévalo la acusó de fraguar un fallido golpe de Estado en 2023, marcando su enfrentamiento con el gobierno actual
La inmunidad que se esfumó junto con 80 niños
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala, acaba de vivir una semana que resume toda su carrera: mientras la ONU la señalaba por estar «supuestamente involucrada en adopciones ilegales» de menores indígenas, perdía su batalla por un asiento en la Corte de Constitucionalidad. Según Elpais, la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recibió información sobre al menos 80 niños indígenas sometidos a adopciones ilegales internacionales desde el Hogar Temporal Elisa Martínez. Y adivinen quién estuvo al frente de esa institución durante siete meses en 1982: exactamente, la misma Porras que hoy dirige el Ministerio Público.
El timing perfecto de una mala noticia
No es coincidencia que la denuncia de la ONU llegara justo cuando Porras intentaba asegurarse un puesto en la Corte de Constitucionalidad. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, fue clara: «Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos… no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación». La jugada era obvia: Porras buscaba inmunidad para cuando terminara su mandato como fiscal en mayo, pero la comunidad internacional le puso un alto con documentos en mano.
La votación donde nadie votó por ella
En Antigua Guatemala, mientras la ONU emitía su comunicado, se celebraba la elección para magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Afuera, manifestantes pedían que no votaran por Porras. Adentro, los electores hicieron caso: al finalizar el conteo, ninguno de los votos fue para la fiscal. Cero. Nada. Ni un solo apoyo. El diputado José Chic lo resumió perfectamente: «Creo que el hecho de que Consuelo Porras no haya quedado electa era un tema de clamor de la población guatemalteca después de todos los cuestionamientos internacionales que tiene». La gente en la calle parece entender lo que algunos en el poder pretenden ignorar.
El currículum que nadie quiere en su equipo
Para entender por qué Porras está tan desesperada por conseguir inmunidad, basta ver su hoja de vida reciente. En 2022, Estados Unidos la incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos por «obstruir» investigaciones de corrupción. Después, 40 países la sancionaron por «presunta corrupción y acciones que socavan la democracia y el estado de derecho». En 2023, el presidente Bernardo Arévalo la acusó de fraguar un fallido golpe de Estado. Y ahora, la ONU le cae con denuncias de adopciones ilegales de niños indígenas. Es el tipo de currículum que haría que cualquier empleador decente corra en la dirección opuesta.
Los niños que nadie buscó hasta ahora
Lo más escalofriante del caso no es solo que Porras esté involucrada, sino el tiempo que tardó en salir a la luz. Las adopciones ilegales ocurrieron entre 1968 y 1996, según la ONU. Porras estuvo al frente del hogar donde estaban esos niños de enero a agosto de 1982. Han pasado 44 años desde que algunos de esos niños desaparecieron en el sistema, y solo ahora, cuando Porras busca inmunidad, la comunidad internacional decide hacer ruido. La pregunta incómoda es: ¿cuántas otras irregularidades similares siguen enterradas en archivos polvorientos mientras los responsables disfrutan de impunidad?
La batalla que no termina aquí
Chic, el diputado que acompañó las protestas, advierte que Porras todavía tiene opciones: podría buscar el cargo por medio del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia. El periodo para el relevo de magistrado vence en abril, así que la fiscal todavía tiene tiempo para intentar otra jugada. Pero el mensaje de la ONU es claro: primero la investigación, después los cargos. El problema es que en Guatemala, demasiadas veces ese orden se invierte, y los investigados terminan investigando.
El patrón que se repite como mala costumbre
Lo más revelador de este caso no es la denuncia en sí, sino el patrón: Porras fue reelecta como fiscal en 2022 a pesar de estar en la lista negra de EE.UU. Siguió en el cargo después de las sanciones de 40 países. Continuó después de que el presidente la acusara de intentar un golpe de Estado. Solo cuando busca escalar a un puesto con inmunidad es que el sistema parece despertar. Parece que en Guatemala, la corrupción es tolerable hasta que amenaza con volverse permanente.
La pregunta que queda flotando es más incómoda que las denuncias de la ONU: si Porras logró mantenerse tanto tiempo en el poder con ese historial, ¿cuántos otros con currículos similares siguen operando impunemente? Y más importante: ¿quién está investigando a los que deberían estar investigando?
