TL;DR
- Primero dijeron que el contrato estaba limpio, luego encontraron 98.6 millones de desvío
- La ASE extendió el periodo de auditoría para incluir un contrato que ya había revisado
- Corral dice que es revancha política de Maru Campos, su sucesora y rival
- Dos tribunales dicen que el caso es federal, pero Chihuahua insiste en manejarlo
El contrato que nació limpio y murió corrupto
En 2019, el gobierno de Javier Corral contrató al despacho López Elías Finanzas Públicas para refinanciar la deuda estatal. La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) revisó ese contrato en su momento y, según Elpais, «no se hallaron anomalías». Todo normal, todo en orden. Pero tres años después, la misma ASE decidió que ese mismo contrato tenía un desvío de 98.6 millones de pesos. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno. Corral salió, Maru Campos entró, y de pronto el contrato limpio se convirtió en el centro de una denuncia por corrupción.
La auditoría que se estiró como chicle
Aquí está el detalle que hace ruido: la ASE tenía que auditar la Cuenta Pública 2021. Ese era su trabajo. Pero decidió «extender el periodo de auditoría a ciclos anteriores» específicamente para volver a revisar el contrato de López Elías. O sea, buscaron excusa para meter las manos en algo que ya habían revisado y encontrado limpio. La ASE dice que «las dos auditorías tuvieron alcances, periodos y objetivos distintos». Claro, la primera no encontró nada, la segunda encontró 98.6 millones en problemas. Muy distintos sí.
La batalla por quién mete al exgobernador al bote
Mientras la ASE defiende su acusación, hay un detalle jurídico que no cuadra: dos resoluciones judiciales han determinado que los fondos usados en el contrato son de naturaleza federal. Eso significa que el caso debería estar en la Fiscalía General de la República, no en Chihuahua. Pero el gobierno de Campos insiste en mantenerlo bajo su jurisdicción. La ASE argumenta que no son «recursos federales» sino «participaciones federales», un tecnicismo que parece más estrategia legal que búsqueda de justicia. Si hasta los jueces dicen que es federal, ¿por qué la terquedad de manejarlo localmente?
El fantasma de la deuda que nadie quería ver
La ASE justifica su segunda auditoría diciendo que «resultaba de gran interés público conocer la situación de la deuda pública». Curioso que ese interés público surgió justo cuando había «una discrepancia entre el entonces Gobierno entrante y la Administración saliente respecto a los montos de la deuda». O sea, cuando Campos y Corral se estaban peleando por cuánto debía el estado. ¿Coincidencia? El timing es perfecto: pelea política + auditoría extendida = denuncia penal.
Órdenes de aprehensión como arma política
Con la auditoría como base, el gobierno de Campos consiguió órdenes de aprehensión contra Corral, su exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes, y el titular del despacho José López Elías. Corral no se queda callado: dice que es «un expediente fabricado, técnicamente erróneo, y que responde a la revancha política de Campos». La verdad es que en México tenemos mala memoria, pero esto huele a la clásica: el que llega al poder usa las instituciones para perseguir al que se fue. No sería el primer caso, ni el último.
¿Auditoría o instrumento de venganza?
Lo preocupante aquí no es si Corral es inocente o culpable – eso lo deben determinar los tribunales. Lo grave es cómo se usa una institución como la ASE para lo que parece una cacería política. Primero dicen que todo está bien, luego cambian de opinión cuando cambia el gobierno. Extienden auditorías fuera de periodo. Ignoran fallos judiciales que dicen que el caso no es de su competencia. Si las auditorías estatales se convierten en herramientas del gobernante en turno para perseguir a sus antecesores, entonces nadie está seguro. Hoy le toca a Corral, mañana le podría tocar a Campos cuando salga. El problema no es quién está en la mira hoy, sino que la mira esté tan fácil de mover según quién tenga el poder.
