Alan, de 3 años, desaparece en SLP; familiares exigen justicia y cierran vialidad

Un niño de tres años y una carretera cerrada: el grito que nadie quiere oír

La desaparición de un niño pequeño debería paralizar a todo un estado. Debería movilizar a cada policía, a cada fiscal, a cada funcionario con un mínimo de humanidad. Pero en San Luis Potosí, la sustracción violenta de Alan Carrera Gómez, de apenas 3 años, tuvo que escalar hasta el cierre del Distribuidor Juárez para que alguien, quizás, prestara atención. Su familia, acompañada de colectivos y otras madres que conocen esta pesadilla, decidió que si las autoridades no actuaban con las herramientas que tienen –cámaras, geolocalización, protocolos–, ellos actuarían con las que les quedan: su presencia, su rabia y una vialidad principal bloqueada. Según reporta Oem, los manifestantes rechazaron hablar con «instancias» menores y exigen una reunión directa con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. No piden un favor, exigen lo que por ley les corresponde: una búsqueda inmediata y efectiva. El mensaje es claro: ya se acabó el tiempo de los trámites y las promesas vacías. Mientras Alan está en riesgo, su familia está en la calle, y esa imagen debería avergonzar a todo el aparato estatal.

La Alerta Amber: un listado que crece más rápido que las soluciones

Mientras en San Luis Potosí la protesta se concentra en un nombre, Alan, en la Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia actualiza una lista fría y anónima. Adn40 publica las fichas de búsqueda activas: son 9 nuevos casos solo en la capital. Desde Victoria, de 5 años, desaparecida el 1 de abril en Venustiano Carranza, hasta Kevin, de 2 años, extraviado desde el 26 de marzo en Iztapalapa. La lista sigue con adolescentes de 15, 16 y 17 años. Nueve historias, nueve familias destrozadas, nueve carpetas de investigación que, si seguimos el patrón denunciado en SLP, probablemente avanzan a paso de tortuga. Lo más revelador del reporte no son los nombres, sino el contraste: al lado de la lista de desaparecidos, hay otra de «localizados». Kimberly, Edemir, Sheyla… personas que por fin regresaron. Es un recordatorio agridulce de que a veces el sistema funciona, pero también es un espejo que refleja la lotería del horror: ¿por qué algunos aparecen y otros se esfuman para siempre? La Alerta Amber no es una varita mágica; es un protocolo que depende totalmente de la voluntad y capacidad de quien lo ejecuta.

“Si no gritamos, no nos escuchan”, expresó una integrante del colectivo en San Luis Potosí, al tiempo que subrayó que el colectivo ha participado en la localización de decenas de menores en distintas entidades del país.

Esta frase, recogida por Oem, es el meollo del asunto. No es una exageración ni un grito histérico; es la conclusión a la que han llegado decenas de familias después de chocar una y otra vez con la burocracia y la negligencia. El colectivo mencionado no es un grupo de agitadores, son personas que han tenido que aprender de leyes, de protocolos y de geolocalización porque las instituciones que deberían protegerlos les fallaron. Su expertise nace de la desgracia ajena. Y cuando dicen que han ayudado a localizar a «decenas de menores», están haciendo una acusación brutal: están diciendo que ellos, desde la sociedad civil, han sido más efectivos que muchas fiscalías con presupuestos millonarios. Esta es la verdadera crisis de credibilidad. Las familias ya no creen en los boletines de prensa ni en los números de emergencia; creen en la presión social, en el escándalo público y en el apoyo de otros que han pasado por lo mismo. La institucionalidad se está desmoronando porque perdió su función principal: dar resultados.

Geolocalización, cámaras y el silencio de los datos

Uno de los señalamientos más punzantes de la familia de Alan es que, en plena era digital, con herramientas tecnológicas de sobra, las autoridades «no han logrado avances significativos». Esto no es una queja vaga; es una acusación técnica. En un caso de sustracción violenta, cada minuto cuenta. Las cámaras de vigilancia en vialidades, los datos de celulares, los registros de transporte, todo deja un rastro digital. La pregunta entonces es incómoda pero necesaria: ¿la falta de avances se debe a incapacidad técnica, a falta de recursos o, peor aún, a falta de voluntad política? Cuando una familia desesperada puede señalar la existencia de estas herramientas, está señalando también la omisión de quien tiene la obligación de usarlas. Es como si a un médico en un hospital de lujo le faltaran las ganas de operar. El equipamiento está, el protocolo (la Alerta Amber) existe en el papel, pero la máquina no se mueve. Esto convierte la angustia en indignación y la indignación en acción directa. Cerrar un distribuidor vial no es el plan A de nadie; es el plan Z al que se llega cuando todas las puertas institucionales se han cerrado. Y lo que revela es que, para muchas familias, el Estado no es un aliado en la búsqueda, sino un obstáculo más que vencer.

¿Y los que no cierran avenidas? La normalización del horror

El caso de Alan logró visibilidad porque su familia tomó una medida drástica. Pero por cada Alan que protagoniza una protesta, hay decenas, quizás cientos, de niños y adolescentes cuyos nombres solo aparecen en frías listas de fiscalía o en volantes pegados en postes. Su desaparición no cierra avenidas, no merece reunión con el gobernador, se normaliza como un «triste caso más». La lista de Adn40 es la prueba: nueve casos en dos semanas solo en una ciudad. Multipliquemos eso por los 32 estados. La dimensión es aterradora. Nos hemos acostumbrado a que desaparezcan niños. Los protocolos como la Alerta Amber, creados para ser excepcionales, se han vuelto rutinarios. Y en esa rutina está el mayor peligro: la indiferencia. La protesta en San Luis Potosí es, en el fondo, un intento desesperado por evitar que Alan se convierta en un número más, en un caso archivado. Es un recordatorio de que detrás de cada «ficha de búsqueda activa» hay una madre, un padre, un hermano, viviendo el infierno en tiempo real. Mientras el gobernador Gallardo decide si los recibe o no, y mientras las fiscalías acumulan carpetas, el tiempo corre en contra de Alan y de todos los que están en su misma situación. La justicia no puede llegar cuando ya sea demasiado tarde; pero parece que ese es el único horario que maneja el sistema.

Fuentes consultadas:

• Oem – Cierran el Distribuidor Juárez por sustracción violenta del menor Alan Carrera Gómez
• Adn40 – Alerta Amber hoy: Estas son las fichas de búsqueda activas y personas localizadas en CDMX