TL;DR
- El feminicidio de Samantha en 2016 marcó el inicio de una década de impunidad
- Tendederos estudiantiles se convirtieron en el único mecanismo de denuncia visible
- Casos recientes en Economía y Derecho muestran que el problema persiste
- La universidad responde con protocolos pero sin resultados contundentes
Cuando los tendederos son más efectivos que los protocolos
En noviembre de 2019, algo cambió en la UASLP. No fueron los directivos, no fueron las autoridades, fueron las estudiantes las que tomaron cartas en el asunto. Colgaron tendederos con denuncias de acoso y hostigamiento en las facultades, creando un archivo público de lo que la universidad no quería ver. Según Sanluis, esta práctica se convirtió en el instrumento de denuncia estudiantil por excelencia. Y no es casualidad: cuando las vías formales fallan, la gente inventa sus propias soluciones.
El caso que lo empezó todo: Samantha y la impunidad que no cesa
Todo comenzó el 6 de marzo de 2016 con el feminicidio de Samantha Jocelyn Rodríguez Rojas, estudiante de Medicina. La encontraron sin vida en el estacionamiento de su complejo de departamentos después de una reunión con compañeros. Lo que siguió fue el manual de la impunidad mexicana: un involucrado detenido, auto de formal prisión, y luego… silencio. Colectivos feministas y estudiantes denunciaron omisiones en la investigación y cómo la universidad manejó el expediente. Nueve años después, el caso sigue siendo recordado en murales y tendederos. Porque cuando la justicia no llega, la memoria se convierte en resistencia.
Los números que nadie quiere ver
Entre 2017 y 2019, la UASLP registró decenas de expedientes por acoso y hostigamiento sexual. Algunos se atendieron, otros quedaron en «distintos estados procesales». Traducción: muchos casos se perdieron en la burocracia universitaria. Estos antecedentes fueron utilizados por colectivos estudiantiles para exigir protocolos más eficaces. Pero aquí está el detalle: tener protocolos no es lo mismo que tener justicia. Se puede llenar de papeles un expediente y seguir sin resolver el problema de fondo.
La pandemia digitalizó el acoso
En febrero de 2022, durante lo más crudo de la pandemia, se hizo visible otro monstruo: la violencia digital. Envío de imágenes íntimas no consentidas, grooming, mensajes de índole sexual. El acoso se adaptó a los nuevos tiempos y encontró en las plataformas digitales su campo de cultivo perfecto. Lo preocupante es que muchas universidades mexicanas todavía no tienen protocolos específicos para este tipo de violencia, que deja menos rastro físico pero igual de daño psicológico.
2025: mismo problema, nuevas facultades
Este año no ha sido la excepción. El 16 de octubre de 2025, estudiantes de Economía marcharon para denunciar a un docente por abuso sexual. Las alumnas señalaron que citó a una estudiante en su cubículo y ahí abusó de ella. Lo más revelador: aseguraron que no era un hecho aislado. Cuatro días después, el 20 de octubre, se presentó una denuncia por agresión sexual en los baños de la Facultad de Derecho. Versiones señalan que involucró a estudiantes, integrantes de la FUP y una persona ajena a la institución.
La respuesta institucional: más de lo mismo
Frente a estos casos, la UASLP anuncia que revisará «por la vía legal-laboral» y que la Defensoría integrará expediente para turnarlo a la Abogacía General. Suena bien en papel, pero es la misma fórmula que no ha funcionado en casi una década. Mientras tanto, la comunidad universitaria responde con lo que sí funciona: tomas parciales, marchas y peticiones de aclaración. Hay una desconexión evidente entre lo que la institución considera «proceder» y lo que las víctimas necesitan: justicia real, no trámites administrativos.
¿Qué sigue? Más tendederos o menos impunidad
La pregunta incómoda que nadie quiere hacer: ¿cuántos tendederos más tendrán que colgar las estudiantes antes de que la UASLP tome medidas contundentes? Porque el patrón es claro: de 2016 a 2025, los casos se repiten, las denuncias se acumulan, y la impunidad sigue siendo la constante. Los tendederos estudiantiles son creativos, necesarios y poderosos, pero no deberían ser la única herramienta efectiva contra el acoso sexual en una universidad pública. Cuando la denuncia pública es más eficaz que los mecanismos institucionales, hay algo profundamente mal en el sistema.
