Galindo anuncia 152 mdp para seguridad en San Luis Potosí en 2026

La millonaria apuesta por la percepción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, capital, no anda con medias tintas. Su administración, según reporta Metropolisanluis, ha destinado más de 433 millones de pesos en los últimos tres años al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal. Para este 2026, la partida es de 152 millones de pesos. Son cifras que suenan a un esfuerzo titánico, a una guerra sin cuartel contra la inseguridad. El discurso, replicado casi al pie de la letra por Noticentro2 WordPress, es contundente: «No bajamos la guardia en seguridad; por el contrario, hemos hecho una inversión histórica para consolidar una corporación más fuerte, mejor equipada y más cercana a la gente». El dinero, aseguran, ha ido a patrullas, chalecos, uniformes, radiocomunicación, cámaras corporales y, algo crucial, a aumentos salariales y estímulos para los policías. La narrativa es impecable: invertir en el elemento humano y en herramientas. Pero aquí es donde el análisis debe ir más allá del boletín de prensa. Cuando una administración invierte tal cantidad de recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar no solo en qué se gastó, sino qué resultados tangibles, más allá de la percepción, se obtuvieron. La transformación, según Galindo, es radical: de ser la peor evaluada entre 71 ciudades prioritarias en 2021 a ubicarse entre las cinco mejores del país hoy. Es un salto que, de ser cierto, sería digno de estudio en escuelas de administración pública. Pero los rankings de percepción son una cosa, y la incidencia delictiva en las calles es otra muy distinta.

Del dicho al hecho: ¿dónde están los números crudos?

El alcalde, en su declaración recogida por los medios, señala que «la incidencia delictiva muestra una tendencia a la baja», destacando una reducción de más del 10 por ciento en delitos durante 2025 y disminuciones en distintos tipos de robo al arranque de 2026. Es un dato positivo, sin duda. Sin embargo, el comunicado se queda en el porcentaje genérico, en la «tendencia». No hay desglose. ¿10% menos respecto a qué año base? ¿10% menos en qué delitos? ¿Robo a transeúnte, a casa habitación, a negocio, a vehículo? ¿Y los homicidios, las lesiones, los secuestros? La información pública, al menos la difundida en estos canales, opera a un nivel de generalidad que impide un escrutinio fino. Se habla de «el mejor nivel de percepción de seguridad desde 2013», según el INEGI, y ese es quizás el logro más publicitado.

«Hoy tenemos una mejor percepción de seguridad; según el INEGI, alcanzamos el mejor nivel desde 2013, y eso no es casualidad, es resultado del trabajo constante», indicó el Alcalde, según la cobertura de Noticentro2.

Pero centrar el éxito en la percepción es un arma de doble filo. La percepción puede mejorar con una campaña de comunicación efectiva, con más policías visibles en esquinas estratégicas, con el relato constante de la inversión millonaria. La realidad del delito, en cambio, es tozuda y se mide con carpetas de investigación iniciadas, con víctimas reales. Que la percepción esté en su mejor momento en 13 años es un dato alentador para cualquier gobierno, pero no puede ser el único pilar de la rendición de cuentas en seguridad, un rubro donde la opacidad suele ser la norma. La verdadera prueba está en si la gente no solo *siente* más seguridad, sino si efectivamente sufre menos delitos. Y para eso, se necesitan datos duros, públicos y desagregados, no solo porcentajes de reducción en comunicados oficiales.

El contexto nacional: ¿inversión récord o el juego de siempre?

Pongamos los 433 millones de pesos en tres años en perspectiva. Es una suma importante para un municipio, sin duda. Pero en el México de la cuarta transformación, donde el presupuesto federal para seguridad se mide en cientos de miles de millones, y donde estados completos reciben transferencias multimillonarias para la Guardia Nacional y programas sociales con componente de seguridad, la pregunta obligada es: ¿esta inversión municipal es excepcional o simplemente está a la par de lo que debería ser? Más allá del monto, lo interesante es el enfoque declarado: profesionalización, equipamiento y condiciones laborales. Es el manual básico de cualquier diagnóstico sobre policías municipales débiles. Durante décadas, las corporaciones municipales han sido el eslabón más débil, peor pagado y más corrupto de la cadena de seguridad. Invertir en ellas es, en teoría, acertado. El diablo, como siempre, está en los detalles y en la sostenibilidad. ¿Los aumentos salariales y estímulos están institucionalizados o dependen de la voluntad del alcalde en turno? ¿El equipamiento tiene un plan de mantenimiento y renovación? La cobertura de El Universal San Luis Potosí, que sirve de portal general para las noticias de la entidad, nos recuerda que este tipo de anuncios deben leerse en el ecosistema informativo más amplio, contrastando con las notas de secuestros, ejecuciones y robos que también suelen poblar la sección de seguridad. Un anuncio de inversión, por sí solo, no es una noticia de éxito; es la promesa de un proceso. El éxito se mide con el tiempo, cuando esa policía mejor equipada y mejor pagada logre disuadir y resolver delitos de manera eficiente, generando confianza no por una encuesta, sino por resultados palpables en las colonias. Mientras tanto, la estrategia comunicacional parece clara: saturar el espacio con la narrativa de la inversión histórica y la mejora en percepciones. Es una jugada política inteligente, pero la calle, al final, tendrá la última palabra.

La pregunta incómoda que queda flotando

Al final del recorrido por estos comunicados, uno no puede evitar una reflexión ácida. El relato oficial es perfecto: éramos lo peor, invertimos como nunca, ahora somos de los mejores y la gente lo siente. Es la historia de redención que cualquier político desearía para su gestión. Pero en un país con una crisis de seguridad de décadas, donde las cifras oficiales suelen ser objeto de debate y donde la confianza en las instituciones policiales está por los suelos, el escepticismo es un deber ciudadano. ¿Qué pasaría si se audita no solo el gasto de esos 433 millones, sino la efectividad concreta de cada patrulla, cada cámara corporal, cada curso de capacitación? ¿Los índices delictivos a nivel municipal son consistentemente accesibles para que cualquier ciudadano los consulte y contraste con la «mejor percepción desde 2013»? La seguridad no es un producto que se vende con base en sensaciones; es un derecho que se garantiza con estrategias claras, recursos bien aplicados y, sobre todo, transparencia absoluta. Galindo pone sobre la mesa un montón de dinero y una mejora en las encuestas. Es un buen primer paso, sin duda. Pero la verdadera contabilidad de la seguridad no se lleva en pesos, ni en porcentajes de percepción, sino en vidas tranquilas, en negocios que no son asaltados, en familias que no son despojadas. Esa es la cuenta que, al final del sexenio, la gente realmente revisará. Y para entonces, los boletines de prensa sobre inversiones históricas habrán perdido todo su peso si la realidad cotidiana no les da la razón.

Fuentes consultadas:

• Metropolisanluis – En seguridad no bajamos la guardia, más de 152 mdp de inversión en 2026: Enrique Galindo
• Noticentro2 WordPress – “En seguridad no bajamos la guardia, más de 152 mdp de inversión en 2026 ”: Enrique Galindo
• Sanluis Eluniversal –