Lo que debes de saber
- El caso lleva más de 14 años en tribunales por la presunta sustracción de un fideicomiso.
- La SCJN no decidirá si Santander es culpable, solo si un tribunal se excedió al ordenar una condena.
- El valor del litigio, por dividendos e intereses, se estima en más de 800 millones de dólares.
- La ministra Loretta Ortiz será la ponente, pero no hay fecha para la discusión en el Pleno.

El pleito millonario que la Corte prefiere ver desde lejos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) metió las manos, pero con guantes de box y a una distancia prudente. Por siete votos contra dos, los ministros decidieron atraer el pleito de las hermanas Garza Delgado contra Banco Santander, un caso que Sdpnoticias documenta que lleva más de 14 años dando vueltas en los tribunales. El botín en disputa no es cualquier cosa: 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa que su padre, Roberto Garza Sada, les dejó en un fideicomiso en 1994 y que, según la acusación, el banco permitió que fueran sustraídas. Lo curioso, y aquí empieza el desmadre legal, es que la Corte no se va a poner a revisar si el banco fue negligente o si las hermanas tienen razón. No, señor. Su gran debate, según lo que reporta Eldiariodelnoroeste, es un tecnicismo de esos que solo un abogado puede amar: si el Primer Tribunal Colegiado Civil en Monterrey, que en 2021 ordenó condenar a Santander, se pasó de listo o si solo debió devolver el expediente al tribunal estatal para que éste dictara la sentencia. Es como si en un partido de fútbol, el VAR solo revisara si el árbitro pitó el penal desde el lugar correcto del campo, pero nunca si hubo falta o no. El fondo del asunto, los 800 millones de dólares y la presunta falsificación de firmas, se queda esperando en la banca.

Una herencia con sabor a fraude y un banco en medio
Para entender el tamaño del desastre, hay que regresar al origen. Roberto Garza Sada Jr., un peso pesado de la industria mexicana, creó un fideicomiso en Santander en 1994 para sus hijas María del Carmen, Viviana y Gabriela. La idea era simple: el banco custodiaba las acciones y las hermanas las recibirían. Pero tras la muerte del patriarca, el único hijo varón, Roberto Garza Delgado, entró en escena. Según las acusaciones de sus hermanas, plasmadas en Sdpnoticias, este habría falsificado la firma de su padre para apropiarse del paquete accionario, que en su momento representaba alrededor del 10% de Grupo Alfa. Santander, en su rol de fiduciario, es acusado de no haber puesto los candados necesarios para evitar este movimiento. Lo que empezó como un pleito familiar típico de telenovela de las tardes se transformó en una batalla legal épica cuando las hermanas llevaron al banco a los tribunales. Primero perdieron en instancias estatales, pero en mayo de 2021 lograron un triunfo clave: un tribunal colegiado ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León que condenara a Santander a restituir las acciones. Fue esa orden, tan directa y contundente, la que ahora tiene a la Corte rascándose la cabeza, preguntándose no sobre la justicia del caso, sino sobre el procedimiento correcto.
«Ministros y Ministras ya no dan explicaciones ni emiten una sentencia por escrito para justificar el ejercicio de su facultad de atracción, que en teoría solo es para intervenir en casos de relevancia jurídica excepcional.» – Eldiariodelnoroeste
Esta línea del reporte de Eldiariodelnoroeste es una joya que resume la opacidad del máximo tribunal. Atraen un caso de 800 millones de dólares, con ramificaciones corporativas enormes, y ni siquiera se molestan en explicar públicamente por qué. La «relevancia jurídica excepcional» parece ser un comodín que usan cuando les da la gana. Mientras, las hermanas Garza Delgado y un banco gigantesco llevan más de una década en un forcejeo que ha pasado por todo, desde peritajes sobre falsificación hasta una queja ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. La ministra Loretta Ortiz será la ponente, pero ni ella ni la Corte se han apresurado: el análisis podría tardar «meses o más de un año», dejando a las partes en una especie de purgatorio legal donde lo único que crece es la cuenta de los intereses y la desconfianza en el sistema.

El verdadero premio (y por qué la demora le conviene a alguien)
Cuando hablamos de 800 millones de dólares, no estamos hablando de un simple reembolso. Esa cifra, reportada por múltiples medios, incluye el valor de las acciones originales más años de dividendos no cobrados, intereses y quién sabe qué otros conceptos legales que los abogados hayan metido en la demanda. Para Santander, una condena de ese tamaño es un golpe contundente, no solo en la cartera, sino en su reputación como guardián de patrimonios. Para las hermanas, es la restitución de una herencia que creyeron perdida. Pero en este tablero de ajedrez legal, el tiempo es un jugador más. Cada mes que la Corte tarda en resolver el tecnicismo procesal es un mes más en el que ese dinero no cambia de manos, un mes más de costos legales y un mes más de desgaste. La pregunta incómoda es: ¿a quién beneficia esta lentitud? La Corte, al enfocarse en el proceso y no en el fondo, se lava las manos de la decisión de fondo. Si finalmente resuelve que el tribunal colegiado se excedió, el caso regresa a Nuevo León a empezar (casi) de cero, garantizando otros cinco o diez años más de litigio. Es una maestría en el arte de no resolver. Al final, este caso es un espejo de la justicia mexicana para los poderosos: un laberinto de tecnicismos donde las batallas se ganan o pierden no por la verdad, sino por la resistencia y los recursos para aguantar el viaje.


