San Luis Potosí, 18º en presupuesto para víctimas; hay 47 asesores para más de 2 mil personas

El presupuesto que no alcanza ni para el dolor

En el ranking estatal de presupuesto para víctimas, San Luis Potosí se acomoda cómodamente en el lugar 18. No es el último, pero tampoco es una posición de la que se pueda presumir. Es el justo medio de la indiferencia. Mientras tanto, estados como Guanajuato hacen movimientos que, al menos en el papel, parecen contundentes. Según reporta Oem, el gobierno de ese estado incrementó significativamente el fondo de atención a víctimas, pasando de 50 millones de pesos el año pasado a arrancar el 2025 con 80 millones. No es una fortuna, pero es un aumento del 60% que se traduce en más asesores jurídicos y la expansión de oficinas en municipios clave como Irapuato y León. La narrativa oficial habla de estar «más cerca de que las víctimas obtengan acceso a justicia». En San Luis Potosí, esa cercanía parece medirse en años luz. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en la entidad potosina opera con una plantilla de apenas 47 asesores para atender a más de 2,000 personas registradas. Hagan la matemática: es una carga de trabajo brutal que garantiza desgaste, saturación y, lo más grave, atención deficiente. Un sistema diseñado para el colapso desde su base.

La justicia es un lujo, la impunidad es la norma

Para entender la magnitud del fracaso, no hay que ver solo los números fríos del presupuesto, sino los casos concretos que ese presupuesto falla en resolver. Un ejemplo brutal y revelador se documentó en El Universal en 2015. Nueve niñas de primer grado de la Primaria Moctezuma, en la colonia María Cecilia de San Luis Potosí, fueron víctimas de abuso sexual por su maestro. La investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) describió la metodología del depredador: ponía a las niñas a leer frente al grupo, las colocaba detrás del escritorio y aprovechaba para subirles la falda y tocarlas. El horror no terminó ahí. Cuando una madre valiente denunció los hechos, la supervisora de la Zona Escolar no actuó para proteger a las menores, sino para proteger al sistema. En una junta de padres, en tono molesto, le reclamó a la madre el no haber tratado de «solucionar el problema de manera interna». Luego, para rematar la infamia, soltó la perla misógina y revictimizante: «Sus hijas ven mucho el programa ‘La Rosa de Guadalupe’, lo más seguro es que están enamoradas del profesor y se le insinúan».

“Sus hijas ven mucho el programa ‘La Rosa de Guadalupe’, lo más seguro es que están enamoradas del profesor y se le insinúan”, respondió la supervisora a la primera madre que se atrevió a reportar al docente.

Este caso, que tomó casi 19 meses en ser investigado a fondo por la CEDH, es un microcosmos de todo lo que falla: la prevención, la denuncia, la reacción institucional y, finalmente, la reparación del daño. La CEDH emitió una recomendación por la vulneración de derechos a la integridad personal, al interés superior del menor y a la libertad sexual. Pero una recomendación no es justicia. ¿Dónde estaba la CEAV de San Luis Potosí en este proceso? ¿Con qué recursos contaban las familias para navegar el laberinto legal y psicológico después de semejante trauma? La frialdad de los datos presupuestales se calienta con la rabia de historias como esta, que demuestran que la falta de recursos no es un error contable, es una política que perpetúa el dolor.

Calificación ‘A+’ para las finanzas, ‘F’ para la dignidad

Mientras la atención a víctimas se ahoga en la precariedad, el estado de San Luis Potosí recibe palmaditas en la espalda por su manejo financiero. Fitch Ratings, una de las agencias calificadoras más importantes del mundo, afirmó en 2020 la calificación crediticia del estado en ‘A+(mex)’ con Perspectiva Positiva. El comunicado técnico elogia que el estado preservará una «razón de repago esperada menor a cinco años» y una «cobertura del servicio de la deuda superior a 1.5 veces». Habla de un perfil de riesgo «Más Débil» pero con una sostenibilidad de la deuda calificada como ‘aa’. Son términos que alegran a los inversionistas y a los funcionarios de hacienda. Pero en el lenguaje de las víctimas, esa calificación ‘A+’ se traduce en recortes, en trámites eternos, en terapias psicológicas insuficientes y en asesores jurídicos sobrecargados. El informe de Fitch señala con claridad que 91.9% de los ingresos operativos del estado provienen de transferencias federales. Es decir, el dinero llega, pero su distribución prioriza el equilibrio fiscal sobre el equilibrio social. Se premia la capacidad de pagar deudas, no la capacidad de reparar vidas. Es la cruda dualidad de un sistema que mide el éxito en balances y no en el restablecimiento de la dignidad de las personas.

El mensaje entre líneas: prioridades invertidas

El contraste no podría ser más elocuente. Por un lado, Guanajuato anuncia aumentos presupuestales y expansión territorial de sus servicios para víctimas, reconociendo tácitamente que el problema requiere más que palabras. Por el otro, San Luis Potosí se estanca en el lugar 18, con una estructura raquítica que no da abasto, mientras sus finanzas públicas son lo suficientemente sólidas para recibir una calificación envidiable de una agencia internacional. El mensaje que se envía a la ciudadanía, y sobre todo a quienes han sufrido la violencia del Estado o la delincuencia, es claro: su dolor es una partida presupuestal más, a menudo de las más ajustadas. La reparación integral del daño —que incluye justicia, atención médica, psicológica y compensación económica— es un proceso costoso y largo que choca contra la pared de la «austeridad republicana» y las «finanzas sanas». Mientras las calificadoras analizan ratios de deuda y proyecciones de ingresos, las víctimas esperan horas en una oficina para ser atendidas por un asesor que tiene cientos de casos igual de urgentes. La verdadera calificación que importa, la de la confianza en las instituciones y la percepción de justicia, esa sigue en picada. Y no se necesita un reporte de Fitch para saberlo, basta con preguntarle a cualquiera que haya tenido que golpear las puertas de una CEAV sin encontrar más que burocracia y desesperanza. El estado puede tener las cuentas en orden, pero tiene una deuda histórica, moral y humana que está muy lejos de saldarse.

Fuentes consultadas:

• Oem – Guanajuato incrementa apoyo a víctimas con mayor presupuesto y más asesores jurídicos
• Eluniversal – Investigan abuso sexual de 9 menores en San Luis Potosí
• Fitchratings – Fitch Affirms at ‘A+(mex)’ ROP the NLTR of the State of San Luis Potosi