Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

El arte de desviar la mirada con tecnicismos

Cuando un organismo internacional como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) suelta una frase como «indicios bien fundados» de que en un país se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, uno esperaría una reacción de alarma, de acción inmediata, de reconocimiento de una tragedia nacional. En cambio, lo que obtuvimos fue un masterclass en gestión de la narrativa. El País documenta que la presidenta Claudia Sheinbaum salió al quite con argumentos «más técnicos que discursivos». Su defensa principal: el informe se basó en datos de 2009 a 2017 y solo consideró cuatro de los 32 estados (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco). Con eso, según ella, basta para descalificarlo. Es el equivalente a que te digan que tu casa se está incendiando y tú respondas que el reporte del humo no especifica correctamente el año de construcción de la cocina. La urgencia de la catástrofe, la colusión sistémica entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos que señala la ONU, se pierde en un debate sobre metodología.

La línea oficial: reconocer el problema, pero marcar distancia

La postura del gobierno, hilada entre la declaración de Sheinbaum y la de la senadora morenista Guadalupe Chavira, es un ejercicio de equilibrio precario. Por un lado, Chavira, en un comunicado del Senado de Morena, admite algo crucial: «sería irresponsable negar la verdad y gravedad del problema». Incluso va más allá, trazando un hilo histórico desde la guerra sucia de los 70 hasta la «guerra contra las drogas» de Felipe Calderón, señalando cómo la violencia criminal se mezcló con complicidad y corrupción local. Es un reconocimiento más honesto de la profundidad de la herida que el simple rechazo técnico. Pero, por otro lado, el mensaje central de Sheinbaum es de deslinde absoluto: «No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación», afirmó. Aquí está el meollo del asunto: se reconoce la existencia de un pozo séptico, pero se insiste en que el mal olor comenzó a generarse en la administración anterior. El problema es que la desaparición de personas no es un legado que se herede como un mueble viejo; es una práctica que, si no se erradica, sigue ocurriendo en el presente.

«Es hablar, también, de una deuda histórica con miles de familias que viven entre la esperanza y la angustia, de madres que buscan con sus propias manos, de padres que no dejan de preguntar y de ausencias que nunca debieron existir.» – Guadalupe Chavira, Senadora de Morena.

Esta cita, poderosa y dolorosa, choca frontalmente con la estrategia de minimización. Mientras Chavira habla de una «herida que no deja de sangrar», la respuesta oficial al informe de la ONU parece más preocupada por poner una curita narrativa sobre el diagnóstico del cirujano. La Jornada detalla que Sheinbaum incluso cuestionó la definición de desaparición forzada usada, argumentando que la de la ONU se refiere a acciones del Estado por motivos políticos, y que el análisis del Comité «queda fuera de esta descripción». Es un argumento peligroso, porque sugiere que si el Estado no desaparece personas por ideología, sino por colusión con el crimen o negligencia, el calificativo de «forzada» y la alarma de «lesa humanidad» no aplican. Para las familias de los más de 100,000 desaparecidos registrados en el país, esa distinción semántica debe sonar a cruel burocracia del dolor.

La ONU no se achanta y pone el dedo donde más duele

La pelota no quedó en la cancha del gobierno. El Comité de la ONU respondió a las críticas mexicanas, y su réplica no fue suave. Lejos de retractarse, redobló la apuesta y llamó al Estado mexicano a dejar de lado «debates teóricos» y priorizar a las víctimas. Instó a fortalecer la prevención y a actuar con la urgencia que la crisis merece. Este intercambio revela la dinámica clásica: un organismo internacional emite una alerta severa basada en investigaciones y visitas; el gobierno receptor la rechaza por «imprecisa» o «extrapolada»; y el organismo responde recordando los principios fundamentales. El informe original, según El País, ya había dado un paso sin precedentes: solicitar al secretario general de la ONU que lleve la situación de México ante la Asamblea General. No es una llamada de atención cualquiera; es el equivalente a subir el caso al siguiente nivel de jurisdicción internacional por su gravedad. Desestimar esto como un error de fechas o de muestra geográfica parece, cuando menos, miope.

Al final, el debate se reduce a una pregunta incómoda: ¿qué es más importante, la exactitud del espejo o la fealdad de lo que refleja? El gobierno insiste en que el espejo de la ONU está empañado y muestra una imagen vieja. Pero las familias que buscan, los colectivos que exhuman fosas, y las cifras que no dejan de crecer, incluso en años recientes, gritan que el rostro de la desaparición en México sigue siendo monstruosamente actual. Se puede discutir si el periodo es 2009-2016 o si llega hasta 2026; se puede argumentar si son cuatro estados o los 32. Lo que no se puede negar, como incluso admite la senadora Chavira, es la «deuda histórica» y la «herida que no deja de sangrar». Rechazar un diagnóstico porque no gusta, sin presentar un contra-análisis igual de robusto y sin que las desapariciones cesen, no es una política. Es una pose. Y en este tema, las poses son un lujo que el país, y sobre todo las víctimas, no pueden permitirse.

Fuentes consultadas:

• Jornada – Informe de desaparecidos de la ONU se rechazó porque cifras correspondían a un análisis de 2009 a 2016: Sheinbaum
• Elpais – Sheinbaum matiza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: “No tiene nada que ver con la 4T”
• Jornada – Comité contra desaparición de la ONU responde a gobierno mexicano y llama a priorizar a las víctimas
• Morena Senado Gob – Ante la crisis por desapariciones, se han profundizado esfuerzos para resolverla: Guadalupe Chavira