Bukele impulsa cadena perpetua para menores en El Salvador

La reforma constitucional que amplía penas vitalicias a adolescentes enfrenta críticas por violar derechos humanos

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TL;DR

  • Bukele propone reforma para aplicar cadena perpetua a menores por homicidio o violación
  • La Asamblea Legislativa ya aprobó cambio constitucional para adultos sin debate previo
  • Organizaciones documentan más de 3,000 menores detenidos bajo régimen de excepción
  • Expertos acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad en su guerra contra pandillas

Cuando la excepción se vuelve la regla

El gobierno de Nayib Bukele no se anda con medias tintas. Primero fue la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa el martes pasado, permitiendo cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas». Ahora, como si fuera poco, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro presenta la propuesta para extender esa misma condena a menores de edad. Según DW, la iniciativa se discutirá en un Congreso dominado por el oficialismo, donde la oposición es más decorativa que efectiva.

El juego de números que no cuadra

Bukele presume cifras de seguridad que harían llorar de envidia a cualquier político latinoamericano: más de mil días sin homicidios acumulados, según el análisis de El Heraldo de México. Pero ese éxito tiene un precio que no aparece en los discursos oficiales. Human Rights Watch documentó la detención de más de 3,000 niños y adolescentes bajo el régimen de excepción, mientras que las cifras oficiales más recientes hablan de más de 85,000 personas detenidas desde 2022, como reporta la BBC. La pregunta incómoda: ¿cuántos de esos 85,000 son realmente pandilleros y cuántos son «daños colaterales» de una guerra sin reglas?

La trampa del «no hay vuelta atrás»

La diputada oficialista Suecy Callejas lo dijo sin pelos en la lengua: «No hay vuelta atrás, lastimosamente con los pandilleros esa es la realidad. No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación». El problema es que cuando declaras que alguien es irrecuperable desde los 16 años, estás firmando una sentencia social más dura que cualquier condena penal. El Universal recoge la justificación del gobierno: la ley penal juvenil siempre garantizó «recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales». Pero reducir a adolescentes a «recursos humanos» para el crimen es tan peligroso como no hacer nada contra las pandillas.

La paradoja del éxito punitivo

Aquí está el meollo del asunto: el modelo de Bukele funciona en lo que importa electoralmente. La violencia bajó a niveles históricos, las calles son más seguras, y la gente puede salir sin miedo. Pero como señala el análisis de El Heraldo de México, «cuando el Estado prioriza la eliminación del riesgo sobre la garantía de derechos, el margen de error deja de ser una anomalía para convertirse en un componente estructural». Traducción: sí, funciona… hasta que te toca a ti. Y con más de 80,000 detenciones, las probabilidades de que le toque a alguien inocente dejan de ser estadísticas para volverse tragedias personales.

El manual que nadie quiere leer

Lo más preocupante no es lo que pasa en El Salvador, sino lo que podría pasar en el resto de América Latina. Varios países ya miran con envidia el «modelo Bukele», ignorando que está construido sobre un régimen de excepción que lleva más de 45 prórrogas. La excepción, como anticipó Giorgio Agamben, se convirtió en la forma normal de gobierno. Y ahora quieren exportar ese manual, completo con su capítulo sobre cadena perpetua para adolescentes.

La pregunta que duele

¿Qué vale más: la seguridad inmediata o el Estado de derecho? Bukele eligió lo primero, y los salvadoreños le agradecen con aprobaciones récord. Pero la BBC documenta cómo un grupo de juristas internacionales acusó al gobierno de cometer «crímenes de lesa humanidad» en su política contra la delincuencia. Bukele los tilda de «bufetes» defensores de criminales. Mientras tanto, la reforma constitucional se aprobó sin estudio ni debate previo, con solo un voto en contra de 60 diputados. Cuando la democracia se reduce a levantar la mano, algo huele mal en el país más seguro de América Latina.


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