TL;DR
- Duarte lleva casi 9 años preso por corrupción y ahora enfrenta nuevas acusaciones
- La FGR presentó cargos por desvío de 10 millones de pesos en diciembre pasado
- Su defensa alega que es una maniobra política para evitar su liberación
- El gobierno federal niega persecución y apunta al enorme desfalco en Veracruz
La libertad que se esfumó como el dinero público
Justo cuando Javier Duarte empezaba a ver la luz al final del túnel carcelario, alguien decidió alargar el pasillo. El exgobernador de Veracruz, que ya cumplía casi nueve años de su primera condena por corrupción, recibió este jueves un nuevo golpe judicial: prisión preventiva por el presunto desvío de cinco millones de pesos. Según reporta El País, la decisión del magistrado federal «aleja aún más la posibilidad de que el exfuncionario salga de prisión». Y eso que ya tenía la mano en la puerta.
El timing perfecto o la coincidencia más sospechosa
Aquí es donde la cosa se pone interesante. La Fiscalía General de la República presentó la primera de estas nuevas acusaciones el 10 de diciembre pasado, justo cuando Duarte se acercaba a la posibilidad de libertad anticipada que podría haber obtenido en noviembre. ¿Casualidad? Su defensa dice que no, que es una «maniobra política para frenar que Duarte accediera a libertad anticipada». El gobierno federal, por supuesto, lo niega y se remite al «enorme desfalco que este causó a su Estado».
Pero piénsalo: después de casi una década preso, justo cuando el sistema penitenciario podría considerar que ya pagó suficiente, aparecen nuevas acusaciones. No es que Duarte sea inocente -ya fue condenado-, sino que el timing huele a estrategia legal más que a justicia tardía. Como si alguien hubiera estado guardando cartas bajo la manga para jugarlas en el momento preciso.
Los números que no cuadran (o sí, pero en cuentas privadas)
La nueva acusación es por el desvío de 10 millones de pesos del erario veracruzano durante su primer mandato (2010-2016). Cinco millones son los que motivaron esta última prisión preventiva, pero El País señala que es «la primera de una serie de nuevas acusaciones por mal uso de recursos públicos». O sea, esto no termina aquí.
Lo curioso es que estamos hablando de cantidades relativamente «pequeñas» comparadas con el desfalco monumental que ya se le comprobó. ¿Por qué sacar ahora estos casos específicos? ¿Es que la fiscalía tenía estos expedientes guardados y solo ahora decidió moverlos? O peor: ¿es que siguen encontrando más irregularidades casi diez años después de que terminó su gobierno?
Veracruz: el estado que sigue pagando la fiesta
Mientras Duarte sigue en el Reclusorio Norte, Veracruz sigue siendo uno de los estados más pobres del país. La ironía duele: el exgobernador que desfalcó millones ahora tiene techo, comida y atención médica garantizada por el estado, mientras muchos veracruzanos no tienen ni lo básico. El desfalco no fue solo de dinero, fue de oportunidades, de infraestructura, de futuro.
Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuántos más hay como él? Duarte se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, el ejemplo que todos citan cuando hablan de corrupción priista. Pero mientras él está preso, ¿cuántos de sus cómplices siguen libres? ¿Cuántos funcionarios que facilitaron esos desvíos siguen en sus puestos o incluso ascendieron?
La justicia selectiva y el mensaje político
No seamos ingenuos: en México, los procesos judiciales contra expresidentes y exgobernadores siempre tienen un componente político. Cuando la defensa de Duarte habla de «maniobra política», no está inventando nada – solo está señalando algo que todos sabemos pero pocos decimos en voz alta.
El gobierno actual necesita mostrar que sigue combatiendo la corrupción, especialmente cuando las encuestas muestran que la percepción de impunidad sigue alta. Mantener a Duarte tras las rejas envía un mensaje: «Miren, aquí sí castigamos a los corruptos». Pero el mensaje secundario es más preocupante: «Y podemos usar el sistema judicial para mantenerlos ahí cuando nos convenga».
Al final, el verdadero problema no es si Duarte merece estar preso (probablemente sí), sino por qué nuestro sistema de justicia parece funcionar con cronómetro político en lugar de con criterios jurídicos claros. Y por qué, después de casi diez años, seguimos descubriendo nuevos desvíos de un gobierno que terminó en 2016. ¿Cuánto más falta por descubrir? ¿Y cuántos Duartes más hay esperando a que se les acabe el tiempo de sus cómplices en el poder?
