TL;DR
- El ingeniero de 33 años fue detenido en septiembre de 2024 cuando viajó a Apure para una capacitación laboral
- Las autoridades chavistas lo señalaron sin fundamentos de «reclutador de paramilitares» y «mercenario»
- Pasó 17 meses sin acceso a abogado ni asistencia consular, solo una comunicación con su familia
- Su liberación llega tras la captura de Maduro por militares estadounidenses en enero de 2026
- Aún quedan una veintena de colombianos presos en cárceles venezolanas con acusaciones similares
La acusación que no cuadra: de ingeniero a «mercenario» en un viaje de trabajo
Manuel Alejandro Tique, ingeniero de 33 años, viajó al estado venezolano de Apure en septiembre de 2024 para lo que debería haber sido una rutina laboral: una capacitación para su trabajo en el Consejo Danés para los Refugiados (DRC). Pero en la Venezuela postelectoral de Nicolás Maduro, un colombiano con documentos en regla se convirtió en blanco fácil. Según Elpais, las autoridades chavistas lo señalaron sin fundamentos de «reclutador de paramilitares» y «mercenario». No, no leyeron mal: a un trabajador humanitario que iba a capacitarse lo acusaron de reclutar paramilitares. La lógica aquí brilla por su ausencia, como si en México acusaran a un médico de Médicos Sin Fronteras de traficar órganos por el simple hecho de cruzar la frontera.
17 meses en el limbo: sin abogado, sin consulado, sin derechos
Lo que sigue es el manual del abuso institucional: detención arbitraria, cero acceso a abogado, asistencia consular negada y solo una comunicación con su familia en todo ese tiempo. El DRC denunció desde el principio que su detención fue arbitraria, pero en un régimen que se autoproclamó ganador de unas elecciones que perdió «por un amplio margen» según las actas electorales, como documenta Elpais, las denuncias de organizaciones internacionales suenan a música de fondo. Tique se convirtió en uno más de los decenas de extranjeros detenidos después de que Maduro se posesionara en enero de 2025 «en medio del repudio de la comunidad internacional». Todos acusados sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y planear «acciones terroristas». La fórmula es sencilla: extranjero + frontera = amenaza a la seguridad nacional.
La liberación que llega tarde y la pregunta incómoda: ¿por qué solo uno?
Este martes, después de 17 meses, Tique fue entregado en Cúcuta y trasladado a Bogotá, donde se reencontró con sus familiares y se someterá a exámenes médicos. El DRC recibió la noticia «con profundo alivio», pero aquí viene lo interesante: su liberación llega después de un evento clave que Elpais menciona casi de pasada: «militares estadounidenses capturaron el 3 de enero a Maduro, acusado de delitos relacionados con narcoterrorismo en Nueva York». Coincidencia, ¿no? Varios extranjeros han sido liberados desde entonces, pero Tique se suma específicamente a los 17 presos colombianos liberados en octubre pasado en Táchira.
La esposa de otro detenido, Martín Emilio Rincón, lo dice sin rodeos: «Sorprendida de que solamente haya sido un colombiano. No sabemos de qué se están valiendo, o cuál es la teoría para que solamente hubiera sido uno, y no todos los que están allá». Y tiene razón para preguntarse: si las acusaciones eran igual de infundadas para todos, ¿por qué la liberación es gota a gota? Las autoridades colombianas calculan que una veintena de compatriotas sigue en cárceles venezolanas, esperando «verse beneficiados también ellos por el proceso de excarcelaciones anunciado». Beneficiados, qué palabra más curiosa para describir el simple hecho de recuperar una libertad que nunca deberían haber perdido.
El patrón que se repite: la represión como política de Estado
El caso de Tique no es una anomalía, es la regla en un sistema que necesita chivos expiatorios. Los familiares de los colombianos presos han convocado manifestaciones hasta en la Plaza de Bolívar de Bogotá, reclamando al gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática más contundente. Insisten en que son «personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos». Separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares.
Lo que duele aquí no es solo la arbitrariedad, sino la normalización de esta dinámica fronteriza. Rincón, por ejemplo, es un palmicultor de 57 años que cruzó desde Arauca «para ver unas tierras, en septiembre de 2024, con todos sus documentos en regla». Lo acusaron de terrorismo. Terrorismo. Un agricultor que fue a ver terrenos. La distancia entre la acusación y la realidad es tan abismal que da risa, si no fuera porque hablamos de vidas destrozadas.
La pregunta que nadie quiere hacer: ¿y si hubiera sido mexicano?
Imaginen por un momento que este ingeniero hubiera sido mexicano, detenido en Venezuela con acusaciones igual de absurdas. ¿Cuánto tiempo habría durado el escándalo diplomático? ¿Cuántas notas de protesta? ¿Cuántas reuniones de emergencia? La relación Colombia-Venezuela tiene una complejidad histórica que explica cierta cautela, pero también normaliza ciertas violaciones. Los familiares llevan meses organizándose, manifestándose, haciendo visible lo invisible, mientras el proceso diplomático avanza a paso de tortuga.
Tique ya está libre, pero su caso deja al descubierto un mecanismo perverso: un régimen que usa a extranjeros como moneda de cambio político, que inventa acusaciones grotescas para justificar detenciones arbitrarias, y que solo suelta presos cuando la presión externa se vuelve insostenible. La próxima vez que escuchen sobre un «reclutador de paramilitares» detenido en la frontera, pregunten primero: ¿qué estaba haciendo realmente? ¿Quién gana políticamente con su detención? Y sobre todo: ¿cuántos más quedan atrás, esperando que su liberación sea conveniente para alguien?
