TL;DR
- La Comisión Europea advierte que un permiso de residencia «no es un cheque en blanco» para moverse por la UE
- España regularizará a más de medio millón de migrantes contra la tendencia europea de endurecimiento
- El debate fue impulsado por el Partido Popular Europeo con apoyo de partidos de ultraderecha
- Bruselas recuerda que si alguien con permiso español vive ilegal en otro país, debe ser devuelto a España
El aviso que suena a regaño
No mames, parece que en Bruselas están usando el mismo tono que tu mamá cuando te presta el coche: «no es un cheque en blanco». Así, con esas palabras exactas, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, le soltó la advertencia a España sobre su plan de regularizar a más de medio millón de migrantes. Según El País, Brunner dejó claro que aunque la regularización es competencia de cada país, eso no significa carta blanca para lo que venga después.
España contra corriente (y contra casi todos)
Aquí está lo interesante: mientras España anuncia la mayor regularización en años, el resto de Europa hace exactamente lo contrario. El mismo día del debate en Estrasburgo, los eurodiputados aprobaron con holgada mayoría crear una lista de «países de origen seguros» para rechazar más fácilmente solicitudes de asilo. También dieron luz verde a modificar el concepto de «tercer país seguro», lo que básicamente abre la puerta a centros de deportación fuera de Europa. España votó en contra, claro, pero se quedó prácticamente sola en el baile.
El detalle que nadie menciona: quién impulsó el debate
Aquí viene lo bueno: el debate sobre «la política de regularización a gran escala de España» no surgió de la nada. Fue iniciativa del Partido Popular Europeo, pero aquí está el chiste: solo contó con el voto de todas las formaciones más a su derecha. Estamos hablando desde los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni hasta Patriots, e incluso la Europa de las Naciones Soberanas donde militan partidos como Alternativa para Alemania (AfD). O sea, la crítica a España viene de una coalición que incluye a la ultraderecha europea. Brunner, por cierto, es del PPE, el mismo partido que impulsó el debate.
La advertencia con letra chiquita
Brunner fue específico: «Si una persona que tiene un permiso de residencia es encontrada viviendo de forma ilegal en otro país de la UE o incluso solicitando una demanda de asilo, deberán ser enviadas de vuelta al Estado miembro que emitió el permiso». Traducción: si alguien con permiso español se va a Alemania o Francia y la arma, España se lo tiene que traer de vuelta. Y Brunner añadió: «eso es lo que esperamos ver en relación con las medidas anunciadas recientemente por España». O sea, ya están anticipando problemas.
El timing perfecto (o el peor)
Lo más absurdo de todo esto es que el debate ocurre ANTES de que España inicie siquiera el proceso de regularización. Brunner mismo admitió que se está «aventurando por tanto escenarios aún no producidos». ¿No les parece raro criticar algo que ni siquiera ha empezado? Parece más un intento de presionar desde el principio que una evaluación seria de consecuencias reales.
La contradicción del comisario
Aquí hay que fijarse en los detalles: Brunner, según El País, «gusta usar el término migrantes ‘ilegales’ para referirse a los que están en situación irregular». El mismo tipo que ahora habla de cooperación mutua y responsabilidad compartida. El mismo que pertenece al partido que impulsó un debate apoyado por la ultraderecha. ¿De verdad creen que su advertencia es neutral?
Lo que realmente está en juego
Esto no es solo sobre medio millón de permisos. Es sobre dos visiones de Europa que chocan de frente: una que endurece fronteras y crea listas de «países seguros», y otra que apuesta por la integración masiva. España eligió su camino, pero ahora tiene que lidiar con vecinos que no comparten su apuesta. Y con un comisario que, aunque reconoce la competencia nacional, ya tiene el dedo listo para señalar cualquier problema.
La pregunta incómoda
¿Qué pasa si Brunner tiene razón y efectivamente hay gente con permiso español que después causa problemas en otros países? ¿Está España preparada para asumir esa responsabilidad? Y más importante: ¿por qué la crítica viene principalmente de quienes quieren una Europa más cerrada, no de quienes defienden derechos humanos? Al final, este debate dice más sobre las divisiones políticas en Europa que sobre la migración misma.
