TL;DR
- La ley contra la violencia vicaria se aplaza por desacuerdos entre ministerios
- Juventud e Infancia se desmarca del proyecto por «riesgos para la protección de víctimas»
- Asociaciones feministas advierten que el texto actual podría dejar a madres en inseguridad jurídica
- El gobierno intenta negociar mientras las víctimas siguen esperando protección real
El aplazamiento que nadie pidió
Justo cuando parecía que la ley contra la violencia vicaria iba a ver la luz, el gobierno español decidió darle un «tiempo muerto». Según El País, lo que iba a ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros ahora se queda en el limbo de la negociación interministerial. Y no es cualquier aplazamiento: es el que ocurre cuando un ministerio clave, Juventud e Infancia, decide bajarse del barco porque considera que el texto pone en riesgo a las víctimas que supuestamente quiere proteger.
Cuando los protectores se convierten en obstáculos
Aquí está el meollo del asunto: Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, anunció que su ministerio se desmarcaba como coproponente del proyecto. ¿La razón? Justicia se negó a modificar aspectos que, según las asociaciones feministas, podrían dejar a las madres víctimas en «situación de inseguridad jurídica». No estamos hablando de detalles técnicos menores: hablamos de si los agresores pueden mantener contacto con hijos e hijas víctimas, del derecho de escucha de los menores, y de si la violencia vicaria se va a tratar como un delito «neutro» o vinculado a la violencia machista.
La advertencia que nadie quiso escuchar
La Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional ya había mandado una carta advirtiendo que el texto, tal como estaba, era un peligro. Según El País, la coordinadora expresaba «gran preocupación» y pedía que la ley no se limitara a «retoques superficiales». Pero parece que en algunos ministerios prefieren los retoques a las soluciones de fondo. Lo más preocupante: Juventud e Infancia señaló que el texto actual sigue permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas. ¿En qué cabeza cabe que eso sea aceptable?
La negociación que nadie gana
Ahora el gobierno dice que «se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto». Ana Redondo, ministra de Igualdad, reconoce que es un «texto delicado» y habla de conciliar demandas de víctimas con «técnica legislativa correcta». Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué técnica legislativa es correcta si permite que agresores sigan teniendo acceso a sus víctimas? ¿Qué conciliación es posible cuando de un lado están los derechos de las víctimas y del otro la burocracia ministerial?
El teléfono que no resuelve el problema
Mientras los ministerios discuten, el gobierno recuerda que existe el teléfono 016, que atiende en 53 idiomas, que no queda registrado en la factura. Todo muy bonito, pero un teléfono no sustituye una ley que proteja efectivamente. Un teléfono no impide que un juez otorgue visitas a un agresor. Un teléfono no garantiza el derecho de escucha de un niño que sufre violencia vicaria. Las víctimas necesitan protección real, no líneas de ayuda que documentan el daño mientras el sistema les falla.
La pregunta que queda flotando
¿De qué sirve una ley contra la violencia vicaria si no protege a las víctimas de esa misma violencia? ¿Qué valor tiene una legislación que los expertos en infancia consideran peligrosa? El gobierno español tiene ahora una oportunidad: puede aprobar una ley de verdad, o puede aprobar un papel que sirva para fotos de prensa mientras las víctimas siguen desprotegidas. El tiempo de negociación extra no es un lujo: es una responsabilidad. Y cada día que pasa sin protección adecuada es un día que el sistema le falla a alguien.
