TL;DR
- Rosaura Ruiz designó a Lucero Ibarra como directora interina del CIDE este 27 de enero
- Romero Tellaeche llegó en 2021 en medio de polémicas y señalamientos de plagio académico
- El director destituido argumenta que su remoción no siguió el procedimiento legal establecido
- Su gestión estuvo marcada por despidos arbitrarios y conflictos con la comunidad académica
El director que nadie quería pero todos tuvieron que aguantar
La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, movió ficha este lunes y designó a Lucero Ibarra Rojas como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Según Elpais, la profesora investigadora titular debería asumir funciones desde este martes 27 de enero. El problema es que el tipo que ocupa la silla desde agosto de 2021, José Antonio Romero Tellaeche, no tiene la más mínima intención de levantarse.
La carta de un hombre acorralado
Mientras la comunidad académica respiraba aliviada, Romero Tellaeche soltó un comunicado que parece sacado de un manual de resistencia burocrática. «La legislación vigente establece que la remoción anticipada únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas», argumenta el director destituido. El tipo que llegó señalado de plagio académico, destituciones arbitrarias, acoso sistemático y violencia simbólica ahora se agarra del marco jurídico como tabla de salvación.
Una gestión que empezó mal y terminó peor
Cuando Romero Tellaeche llegó al CIDE en 2021, la comunidad académica ya lo recibió con el dedo en alto. Lo llamaron «imposición» desde el día uno, y el tiempo les dio la razón. Según documenta Elpais, en octubre de ese mismo año despide a Alejandro Madrazo como director del CIDE región centro. La excusa oficial: «pérdida de confianza». La lectura entre líneas: Madrazo era experto en seguridad y muy crítico con la militarización del gobierno de López Obrador, quien justo había dicho que el CIDE se había «derechizado».
El despido que encendió la mecha
Si el caso Madrazo fue la chispa, el despido de Catherine Andrews fue la gasolina. La historiadora y secretaria académica tuvo la osadía de recordarle a Romero Tellaeche que no podía suspender unilateralmente las Comisiones Académicas Dictaminadoras, esas evaluaciones que determinan la permanencia de los profesores. Según su testimonio, el director primero cedió, luego canceló la reunión, y cuando Andrews insistió en que eso iba contra el reglamento y presidió la sesión, recibió un correo electrónico de despido. La acusación: «acto de rebeldía».
La paradoja de la ratificación
Aquí viene lo bueno: en noviembre de 2021, cuando los señalamientos contra Romero Tellaeche ya eran un coro, María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del Conacyt, lo ratificó en su puesto. Sí, la misma institución de la que depende el CIDE le dio el visto bueno al tipo que la comunidad académica señalaba por deriva autoritaria. No fue hasta casi cinco años después que alguien en el gobierno decidió que quizás, solo quizás, tantas quejas tenían algo de fundamento.
El problema de fondo: cuando la política entra por la puerta
Lo del CIDE no es un caso aislado. Es el síntoma de una enfermedad que lleva años infectando las instituciones académicas: la imposición de perfiles por afinidad política más que por méritos académicos. Romero Tellaeche llegó en un momento en que el gobierno federal criticaba abiertamente al CIDE por «derechizarse», y su gestión estuvo marcada por la sospecha constante de que estaba ahí para alinear la institución con la visión oficial.
¿Y ahora qué sigue?
Lucero Ibarra Rojas tiene la tarea titánica de reconstruir la confianza en una institución que lleva años fracturada. Mientras tanto, Romero Tellaeche sigue aferrado a su cargo, argumentando tecnicismos legales mientras la comunidad académica celebra su salida. La pregunta incómoda que queda flotando: ¿por qué tardaron tanto en destituir a un director con tantos señalamientos en su contra? Y más importante: ¿qué garantías hay de que la próxima designación no será otra imposición política disfrazada de proceso legal?
