TL;DR
- El decreto 5503 elimina subsidios a gasolina (86% más cara) y diésel (160% más caro)
- La protesta más grande en 15 días reunió a 100 organizaciones sociales bajo el lema «Bolivia no se vende»
- El gobierno defiende la medida por crisis fiscal: déficit de 9.2% del PIB y reservas caídas 85% desde 2014
- El verdadero conflicto: el decreto permite contratos estatales con inversiones «estratégicas» sin pasar por la Asamblea
No es la gasolina, es el país entero
Cuando miles de campesinos, mineros y maestros caminan 55 kilómetros desde Calamarca hasta el Palacio de Gobierno, algo más está en juego que el precio de la gasolina. Según Elpais, la marcha más numerosa de 15 días de protestas llegó a La Paz este lunes con un lema que lo dice todo: «Bolivia no se vende». Y ahí está el meollo del asunto.
El ajuste que nadie pidió
El presidente Rodrigo Paz promulgó el decreto 5503 el 17 de diciembre, y desde entonces el país no ha parado de moverse. La medida más visible -y dolorosa- es la eliminación de la subvención a combustibles, que dispara el precio de la gasolina en 86% y el diésel en 160%. Pero Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), lo dejó claro: «No podemos vender nuestros recursos a precio de gallina muerta». El problema no es solo llenar el tanque, es quién controla lo que hay debajo de la tierra.
La letra chiquita del decreto
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras todos hablan del precio de la gasolina, Elpais documenta que el decreto tiene una cláusula que permite al Estado firmar contratos con inversiones «estratégicas» mediante simple decreto supremo, saltándose por completo a la Asamblea Legislativa. ¿Qué sectores son estratégicos? Minería y metalurgia (incluyendo el litio), hidrocarburos, energía, agroindustria. Básicamente, todo lo que vale dinero en Bolivia.
La crisis que justifica todo
El gobierno no se anda con rodeos: necesitan divisas urgentes. El déficit fiscal cerró en 9.2% del PIB y las reservas internacionales se han reducido en cerca del 85% desde 2014. Rodrigo Paz lo tiene claro: «50 dirigentes sindicales que hoy marchan ganan al año más de 18 millones de dólares. ¿Cómo es posible que un grupo sindicalizado pueda mover más dinero que 213 municipios?». La retórica está servida: sindicalistas ricos vs. país pobre.
El fantasma de Evo en la sala
El gobierno acusa a las organizaciones protestantes de tener vínculos con el anterior gobierno del MAS y con Evo Morales. Las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico y la Confederación de Mujeres Campesinas, ambas en la marcha, son sectores históricamente ligados al expresidente. Morales incluso denunció que se preparaba un estado de sitio, versión que el gobierno desmintió horas después. La polarización política se mezcla con la económica, y el resultado es un cóctel explosivo.
Seis mesas de diálogo y un abismo
Mientras los manifestantes llegaban al Palacio de Gobierno, una comisión de ministros los esperaba con seis mesas de diálogo para «realizar observaciones» al decreto. Pero la postura oficial es clara: no retroceder. El gobierno defiende el paquete como urgente y necesario, mientras la COB y cerca de 100 organizaciones sociales exigen abrogación pura y simple. No es negociación, es pulso de fuerzas.
Lo que realmente está en juego
Bolivia enfrenta una encrucijada clásica en América Latina: ajuste económico vs. soberanía nacional. El gobierno argumenta crisis fiscal extrema que requiere medidas drásticas. Los movimientos sociales ven una puerta trasera para privatizar recursos estratégicos sin control legislativo. Y en medio, una población que ve cómo su gasolina se encarece 86% de la noche a la mañana. La pregunta incómoda: ¿realmente necesitamos vender el país para salvarlo?
