TL;DR
- Más de 5.000 abogados públicos terminaron diciembre sin cobrar por retrasos del Ministerio de Hacienda
- La Defensoría sufrió un recorte de 60.000 millones de pesos para 2026, pese a su rol clave en medio del auge de violencia
- Iris Marín, ternada por Petro, ahora enfrenta silencio del gobierno tras sus críticas independientes
- La reducción presupuestal coincide con desplazamientos masivos como los 250 casos en Catatumbo
La independencia tiene precio: 60 mil millones menos
Cuando Iris Marín fue ternada por Gustavo Petro para la Defensoría del Pueblo, nadie imaginaba que terminaría siendo la principal crítica interna de su propio gobierno. Pero aquí estamos: más de 5.000 abogados públicos y contratistas terminaron diciembre sin recibir sus honorarios, según documenta El País. Y no es un simple retraso administrativo: es la punta de lanza de una crisis financiera que ya tiene nombre y apellido: recorte presupuestal deliberado.
El silencio de Hacienda que habla más que mil discursos
Lo más revelador no es que los abogados estén sin cobrar, sino que ni el presidente Petro ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se han pronunciado públicamente. Según la propia Marín, tampoco lo han hecho directamente con ella. Imagínense: la defensora del Pueblo, encargada de proteger los derechos humanos en un país donde la violencia se desborda, tiene que mendigar atención presupuestal mientras el gobierno que la propuso mira para otro lado. «¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?», se preguntó Marín en redes sociales. La respuesta parece clara: significa poco cuando el dinero no llega.
151 mil millones de diferencia entre lo pedido y lo recibido
Aquí está el dato que duele: la Defensoría solicitó un presupuesto y recibió 151.000 millones de pesos menos (unos 38 millones de dólares) de lo que necesitaba. El recorte final aprobado en octubre fue de al menos 60.000 millones de pesos para 2026. Y esto no es teoría contable: son 4.200 defensores y defensoras públicas que no recibieron su pago a tiempo, según Leonardo González de Indepaz. «Esto no es un hecho aislado ni un simple retraso administrativo. Es una muestra clara del trato que el Gobierno le ha dado a la defensa de los derechos humanos», afirmó González. ¿Coincidencia que el recorte venga después de que Marín empezara a hacer «pronunciamientos críticos» contra decisiones del gobierno? Ella misma lo dijo: «Espero que el Gobierno pueda entender que [hacer pronunciamientos críticos] es mi función constitucional».
Violencia que crece, presupuesto que mengua
La ironía más cruel llega cuando cruzamos datos: mientras la Defensoría ve recortado su presupuesto, la violencia en Colombia escala. En días pasados, más de 250 personas fueron desplazadas en Catatumbo huyendo de enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. ¿Y quién debería estar protegiendo a esas víctimas? Exacto: la Defensoría del Pueblo. Pero resulta que los abogados que defienden a quienes no pueden pagar representación judicial están ellos mismos sin cobrar. «Esta situación afecta de manera directa al eslabón más débil de la cadena del sistema penal, el defensor público», reclamó el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. El círculo vicioso es perfecto: menos dinero, menos defensa, más impunidad.
La paradoja Petro: propone independientes, castiga independencia
Marín ha sido reconocida por su independencia frente al Gobierno, pese a que ella fue ternada por el mismo Petro. Cuando en octubre se debatió el presupuesto y la Defensoría sufrió la disminución sustancial, las dudas sobre si el recorte era una afrenta por esa independencia cobraron relevancia. Y es que hay algo profundamente contradictorio en un gobierno que habla de derechos humanos pero asfixia presupuestalmente al principal organismo encargado de defenderlos. «La independencia implica unos pronunciamientos en contra de decisiones, no solo del Gobierno, sino de otros sectores», dijo Marín en una entrevista radial. Parece que al gobierno le gusta la independencia en el discurso, pero no en la práctica.
¿Quién defiende a los defensores?
El problema va más allá de las cifras. Cuando más de 5.000 profesionales del derecho terminan el año sin cobrar, el mensaje es claro: la defensa de derechos humanos no es prioridad. Y esto ocurre en un momento donde Colombia necesita más que nunca una Defensoría fuerte. Los abogados públicos son la última línea de defensa para miles de colombianos que no pueden pagar un abogado privado. Si ellos están preocupados por cómo pagarán sus cuentas en enero, ¿cómo pueden concentrarse en defender a otros? La reducción genera mayor preocupación por el papel clave que juega la Defensoría, precisamente cuando el país enfrenta un «cruento auge de violencia armada», como señala El País.
El dinero que falta y las preguntas que sobran
Lo que queda claro es que esta crisis no es accidental. Un recorte de 60.000 millones de pesos no se decide por error. La diferencia de 151.000 millones entre lo solicitado y lo aprobado no es un desliz contable. Y el silencio del gobierno frente a las denuncias de su propia defensora del Pueblo no es casualidad. Marín lo ha dicho sin tapujos: hacer pronunciamientos críticos es su función constitucional. Pero al parecer, en el gobierno de Petro, algunas funciones constitucionales son más iguales que otras. La pregunta incómoda que queda flotando es simple: ¿de verdad le importan los derechos humanos a un gobierno que deja sin recursos al principal defensor de esos derechos?
