TL;DR
- Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, murió en El Helicoide tras más de un año preso
- La ONG Foro Penal denuncia que llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron
- Ya son 7 presos políticos fallecidos en prisión desde las elecciones de julio 2024
- La oposición responsabiliza directamente al régimen de Maduro por «crimen bajo su responsabilidad»
No fue un infarto, fue un sistema
Cuando DW reporta que Alfredo Díaz murió por un «infarto fulminante» en El Helicoide, la sede del Sebin en Caracas, lo primero que salta es la palabra «fulminante». Como si fuera un rayo caído del cielo, un accidente biológico sin responsables. Pero la historia que cuentan las fuentes es otra: Díaz llevaba meses pidiendo atención médica y se la negaron. Tenía 55 años y más de un año preso, aislado, con solo una visita de su hija permitida en todo ese tiempo. Eso no es un infarto fulminante, es una muerte anunciada.
El patrón que ya huele a sistema
Lo verdaderamente escalofriante no es la muerte de Díaz, sino que ya sea el séptimo. Sí, leíste bien: siete presos políticos han muerto en prisión desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lo dicen claro en su comunicado: esto revela un «patrón sostenido de represión estatal». Cuando algo pasa una vez puede ser accidente, cuando pasa siete veces ya es política de Estado.
La cárcel como arma política
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, lo deja sin ambages: «El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia». Pero en Venezuela parece que el Estado tiene otras prioridades. Díaz fue detenido en noviembre de 2024 y acusado de «terrorismo» e «instigación al odio». Términos tan amplios que pueden significar cualquier cosa, especialmente cuando se aplican a opositores. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, lo dice sin rodeos: «Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad».
Las preguntas que nadie responde
La esposa de Díaz, Leynys Malavé, lanza la pregunta que debería resonar en todos los tribunales internacionales: «¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?». No es retórica, es literal. Cuando un Estado te detiene, te aísla, te niega atención médica y luego mueres en sus instalaciones, la línea entre negligencia y homicidio se vuelve tan delgada que casi desaparece. Voluntad Popular no se anda con medias tintas: «Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder».
El Helicoide: de ícono arquitectónico a símbolo de represión
Que Díaz muriera específicamente en El Helicoide no es detalle menor. El edificio que alguna vez fue símbolo de modernidad y progreso en Caracas hoy es conocido como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El lugar donde se «interroga» a opositores. Donde la gente desaparece en celdas de aislamiento. Donde ahora, según DW, un exgobernador muere sin explicaciones convincentes.
La promesa vacía de «no habrá impunidad»
Machado y González Urrutia prometen documentar «cada omisión y cada responsabilidad» y aseguran que «no habrá impunidad». Suena bien en un comunicado, pero la realidad venezolana es que la impunidad es la norma, no la excepción. Cuando el mismo sistema que encarcela es el que debe investigar las muertes en sus prisiones, el conflicto de interés es tan obvio que duele.
Lo que realmente mató a Díaz
No fue solo un infarto. Fue el aislamiento de más de un año. Fue la negación de atención médica. Fue un sistema penitenciario convertido en arma política. Fue la acusación vaga de «terrorismo» por pensar distinto. Fue El Helicoide y todo lo que representa. Díaz no murió, lo mató un sistema diseñado para quebrar opositores, y su muerte es solo la punta del iceberg de lo que ocurre tras los muros de las prisiones venezolanas. La pregunta ahora es: ¿quién será el octavo?
