FGR cita a Rubén Rocha Moya a declarar por acusaciones de EU

La Fiscalía mueve ficha, pero el tablero sigue igual

La Fiscalía General de la República citó este sábado a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios señalados en una acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. La noticia, que recorrió medios nacionales e internacionales, llega casi un mes después de que el Departamento de Justicia estadounidense destapara el expediente. Y aunque la FGR promete actuar «con seriedad y exhaustividad», los detalles de la citación son, cuando menos, endebles: no hay fechas concretas, no se especifica la calidad procesal de los citados —si son testigos, imputados o algo intermedio— ni se aclara si de aquí saldrán órdenes de aprehensión. Es como invitar a alguien a una fiesta sin decirle la dirección ni la hora.

El caso tiene todos los ingredientes de un thriller político: un gobernador de Morena, acusado por la justicia estadounidense de haber llegado al poder con el apoyo de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y de haber protegido el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo político. La acusación incluye a personajes como el senador Enrique Inzunza Cázares y al exsecretario estatal Enrique Díaz Vega, entre otros. Pero lo que realmente llama la atención es la respuesta del gobierno mexicano: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que «si hay pruebas, que la fiscalía actúe», la FGR avanza con una lentitud que parece más táctica dilatoria que investigación real.

«El caso se encuentra dentro de los respectivos planes de investigación y se actúa con plena sujeción al debido proceso», sostuvo la FGR en un comunicado citado por El Economista.

La frase es tan genérica que podría aplicarse a cualquier investigación, desde un robo de bicicletas hasta una masacre. Pero aquí estamos hablando de un gobernador en activo —con licencia, sí, pero aún con poder político— acusado de narcotráfico por una de las fiscalías más agresivas del mundo. La falta de urgencia es, cuando menos, sospechosa. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló las cuentas de Rocha Moya de forma preventiva, una medida que Sheinbaum confirmó y que, según Infobae, responde a la orden de aprehensión emitida en Estados Unidos y a la relación del sistema financiero mexicano con bancos estadounidenses. Es decir, el dinero ya no se mueve, pero las personas siguen en libertad.

El baile de las pruebas: EU acusa, México pide evidencias

La postura del gobierno de Sheinbaum ha sido clara desde el principio: no habrá extradición de los diez acusados hasta que las autoridades estadounidenses entreguen las pruebas que sustentan los cargos. Una posición que, en teoría, defiende la soberanía nacional y el debido proceso. Pero en la práctica, huele a una estrategia para ganar tiempo mientras se cocina una salida política. La Jornada reporta que la mandataria ha insistido en que su gobierno no protegerá a ningún político con vínculos con el crimen organizado, pero la realidad es que Rocha Moya sigue en Sinaloa, con licencia, pero sin enfrentar un proceso penal en México. La contradicción es evidente: si no hay pruebas, ¿por qué congelar las cuentas? Y si las hay, ¿por qué no actuar con mayor contundencia?

El caso también revela las fisuras del sistema de justicia mexicano. Mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construye expedientes que cruzan fronteras, la FGR parece operar con los mismos vicios de siempre: lentitud, opacidad y una tendencia a proteger a los poderosos. La lista de acusados incluye a Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, entre otros, todos ellos con perfiles que van desde mandos policiacos hasta funcionarios de alto nivel. Pero la pregunta que flota en el aire es: ¿cuántos de estos nombres son realmente nuevos para las autoridades mexicanas? Porque si la FGR ya tenía información sobre estos vínculos y no actuó, entonces el problema no es solo de falta de pruebas, sino de voluntad política.

La citación de este sábado es, en el mejor de los casos, un primer paso. Pero en un país donde los procesos judiciales contra políticos suelen terminar en absoluciones o en «falta de elementos para procesar», el escepticismo está más que justificado. Rocha Moya, de 76 años, ha dicho que las acusaciones son «falsas y dolosas» y que demostrará su inocencia. Pero mientras tanto, el fantasma de la impunidad sigue rondando Sinaloa, un estado donde el narco y la política han bailado juntos durante décadas. La pregunta no es si Rocha Moya es culpable o inocente, sino si el sistema mexicano está dispuesto —y preparado— para investigarlo sin cortapisas.

El tiempo corre, y la presión internacional no hará más que aumentar. Sheinbaum ha apostado por una estrategia de cautela, pero la cautela en temas de narcotráfico puede leerse como complicidad. La FGR tiene ahora la oportunidad de demostrar que no es un adorno burocrático, sino una institución capaz de enfrentar a los poderosos. Pero si esta citación termina en una serie de entrevistas sin consecuencias, el mensaje será claro: en México, las acusaciones de Estados Unidos son solo ruido, y la justicia sigue siendo un lujo que pocos pueden pagar.

Fuentes consultadas:

• Elimparcial – FGR cita a Rubén Rocha Moya tras acusaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa
• Dw – México cita a gobernador acusado de narcotráfico por EE.UU.
• Jornada – FGR cita a declarar a Rubén Rocha por acusaciones de EU
• Eleconomista – FGR cita a Rubén Rocha Moya a declarar por acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos
• Infobae – Fiscalía mexicana cita a declarar a Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa acusados por EEUU